La nueva Ley de Discapacidad consiguió dictamen y será debatida en la próxima sesión
La Ley de Discapacidad avanzó en el Senado con un proyecto que busca establecer un régimen permanente para el sector y reemplazar el esquema de emergencia vigente, cuya fecha de vencimiento está prevista para el 31 de diciembre. La iniciativa ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.
El dictamen se firmó el día de hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, encabezadas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente. La propuesta quedó en condiciones de ser debatida en la próxima sesión.
Entre los principales puntos del texto se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y su actualización por inflación. También establece la compatibilidad entre el cobro de la prestación y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa contempla además el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio, un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
Durante el plenario, Alicia Kirchner destacó la urgencia de avanzar con la sanción de la norma. “El 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”, sostuvo.
Por su parte, el senador Carlos Linares retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y manifestó su acompañamiento al proyecto aprobado por Diputados. Sin embargo, advirtió que la iniciativa todavía presenta aspectos pendientes: “Es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”, señaló.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también respaldó el avance del proyecto y consideró que la nueva normativa permitirá establecer un esquema estable. “Busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, expresó.
Bullrich también destacó la compatibilidad entre la pensión y el empleo, además de los beneficios previstos para empleadores y los mecanismos de transparencia y control del sistema.
En materia de salud, el texto garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad.
Asimismo, establece partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y contempla compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos resulten insuficientes. También dispone que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
Otro de los aspectos incorporados son los controles mediante auditorías periódicas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante incumplimientos objetivos, se podrá suspender preventivamente un beneficio, aunque con un procedimiento que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, el proyecto establece que, si al momento de sancionarse la ley existen deudas pendientes con los prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar las cancelaciones en un plazo de 90 días.
