Ley de Soberanía: el oficialismo avanza en Diputados y busca votarla el 21 de octubre
El oficialismo de La Libertad Avanza avanzó en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La bancada libertaria busca cerrar la discusión en comisiones el miércoles 14 de octubre para votar la iniciativa en el recinto del Congreso en una sesión especial prevista para el próximo 21 de octubre.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo consta de 133 artículos e impone fuertes penas económicas y penales contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Fuertes críticas de la oposición y de expertos
El debate parlamentario continuó con la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y las observaciones de especialistas invitados por la oposición. Durante las audiencias, la oposición propuso fraccionar la norma para aprobar de forma urgente un primer capítulo enfocado únicamente en sancionar a las empresas pesqueras y petroleras en el Atlántico Sur.
Entre los expositores de la jornada estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla del CECIM La Plata, Paula Litvachky del CELS, Daniel Guzmán del Observatorio Malvinas, Luciano Anzelini, Sergio Eissa, Raúl Gustavo Ferreyra, David Angueira, Mariana Altieri, Guillermo Carmona, Pablo Testori Schroeder, Fernando Morales y Víctor Sierra.
Por su parte, el exministro Daniel Filmus lanzó severas advertencias sobre el alcance del texto oficialista respecto de la política exterior y la defensa del territorio. El exfuncionario remarcó que la norma impone “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las Fuerzas Armadas para operaciones no convencionales”. Según la mirada de Daniel Filmus, estas medidas “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN“.
Sanciones pesadas, embargos y multas en barriles
Frente a los cuestionamientos, los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron la citación urgente del canciller Pablo Quirno, del ministro de Defensa Carlos Presti y de la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro. El proyecto gubernamental busca derogar la antigua Ley 26.659 para implementar un marco punitivo más severo que no se limita a los hidrocarburos, abarcando todo tipo de recursos renovables y no renovables.
El nuevo esquema establece penas de prisión, inhabilitaciones comerciales y multas económicas calculadas directamente en barriles de petróleo para los infractores. Las empresas y personas sancionadas por violar la soberanía en la plataforma continental argentina quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Asimismo, la propuesta del Gobierno contempla la creación del Sistema de Seguridad Nacional, un organismo conducido por un Consejo que presidirá el propio Javier Milei para coordinar políticas de inteligencia, defensa y protección de infraestructura crítica.
Cruces picantes y sanción a los insultos
La jornada en las comisiones del Congreso Nacional también registró momentos de extrema tensión política entre los legisladores. El diputado libertario Beltrán Benedit volvió a defender su polémica visita a la Cárcel de Ezeiza en julio de 2024, donde se reunió con los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda.
“Hemos callado durante mucho tiempo”, lanzó el legislador entrerriano, lo que desató los repudios inmediatos del bloque opositor encabezado por Germán Martínez. Ante el descontrol en la sala, el diputado Carlos Zapata dio por terminada de manera abrupta la exposición para frenar los cruces verbales en el recinto de comisiones.
En paralelo a la discusión por la ley, legisladores de Provincias Unidas como Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge presentaron un proyecto para exigir respeto institucional entre diputados. A su vez, la diputada mendocina Mercedes Llano impulsó una iniciativa para suspender la dieta a los parlamentarios que utilicen insultos en el debate político, argumentando que “lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”.
