EXCLUSIVO: La trader de Generación Zoe confesó que pagó $200.000 para no ser detenida por el caso
La abogada de Cositorto presentó además una queja ante la Corte Suprema para que defina si el líder de Zoe debe ser juzgado por delito federal, no por estafas provinciales.
Rosa María, la trader venezolana imputada en la causa Generación Zoe, confesó que pagó 200.000 dólares a una fiscal argentina para eludir su detención y escapar del país. La información la reveló el periodista Leslie Rodríguez en una entrevista con Radio Realpolitik FM.
Rodríguez mantuvo contacto durante meses con la prófuga en Venezuela sin saber inicialmente quién era. Fue ella quien le contó, según el comunicador: “Decía que estaba tranquila en Venezuela porque ya no le debía nada a la ley. Que a través de esa magistrada había logrado quedar libre”.
La mujer nunca reveló el nombre de la fiscal. “Nunca me dio un nombre propio y sería blasfemar identificarla”, enfatizó el periodista.
La fuga: en el baúl de un auto por la frontera colombiana
Rosa María ingresó a Venezuela de manera clandestina, según su propio relato: oculta en el maletero de un vehículo que cruzó la frontera con Colombia por el estado Táchira, cerca de Cúcuta. Una vez en territorio venezolano, se instaló en San Cristóbal con un perfil económico llamativo.
“Tenía una vida muy ostentosa. Comentaba que había comprado dos casas de gama importante, valores de 250 mil dólares”, detalló Rodríguez. Además, la mujer se habría manejado con cuentas en criptomonedas. El periodista dice haber visto en su celular monederos digitales con sumas que superaban el millón de dólares.
La hipótesis del comunicador sobre su detención es directa: “Yo presumo que a Rosa María la termina vendiendo su propio entorno por problemas de dinero”.
El robo del broker: 611 bitcoins y un cambio de nombre
Según el relato de Rosa María, el broker que utilizaba Generación Zoe lo había creado ella misma, razón por la que, a su criterio, podía apropiárselo. Lo que hizo, según la abogada de Leonardo Cositorto, Dra. Aixa Petriati, fue cambiarle el nombre de Zoe a Ujuma junto a otro cómplice mientras Cositorto estaba siendo investigado. Esa maniobra equivalió a un robo: los 611 bitcoins que los inversores tenían en la plataforma quedaron en manos de la trader.
“Aprovechó el momento en que la gente empezaba a tener dudas por el apagón mediático. Ella hace ese robo y desaparece”, explicó Petriati en declaraciones a Radio Del Plata.
La Corte Suprema y la pelea por la competencia federal
Este martes, la Dra. Petriati presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal defina si Cositorto debe ser juzgado por delito federal, intermediación financiera indebida. No por estafas provinciales, como ocurrió en los tribunales de Córdoba, Salta y Corrientes.
“El delito no son las estafas. Es intermediación indebida, que sería un estilo de banco”, sostuvo la letrada. Según ella, los juicios provinciales fueron “express, sin pruebas, sin testigos” y a su defendido no se le permitió llegar a acuerdos de pago con quienes se sintieron perjudicados.
Cositorto cumple actualmente una condena de 11 años en Corrientes y lleva tres años en prisión, parte de ese tiempo incomunicado.
La abogada también trazó una comparación con el caso del vocero presidencial Manuel Adorni, investigado de manera federal en Comodoro Py por la extensión de su patrimonio en Bitcoin: “La justicia no mide con la misma lupa”.
La Dra. Petriati fue contundente al resumir la situación de su defendido. Según explicó, Cositorto cumple condenas sobre las que aún no existe una definición firme de competencia, no puede afrontar ninguna deuda porque terceros vaciaron su patrimonio mientras estaba preso y, hasta hoy, las víctimas no cuentan con una vía real para obtener un resarcimiento. “Es un tema muy sensible”, cerró la letrada.
