Santiago Peña citado a declarar
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue citado a prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público este sábado, luego de haber sido destituido por el Congreso y detenido en su residencia particular situada en el barrio Mburucuyá de Asunción. La medida judicial se enmarca en la compleja investigación por las presuntas irregularidades financieras y el posterior colapso de Ueno Bank, un escándalo que desató una fuerte crisis institucional en el país.
El operativo de detención fue encabezado por los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, acompañados por efectivos de la Policía Nacional. En una primera instancia, las autoridades dispusieron que el exmandatario cumpliera con el arresto en su propio domicilio tras constatar su presencia en el inmueble, una decisión que buscaba mantener la calma en las primeras horas posteriores a su salida del poder.
Sin embargo, durante la madrugada, la situación se tornó insostenible debido a la masiva concentración de vecinos y manifestantes en las inmediaciones que exigían un trato más riguroso. Ante la evidente falta de garantías para resguardar su integridad física, los equipos de seguridad ordenaron su traslado de urgencia hacia las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial.
En el plano legal, la defensa del exjefe de Estado adelantó que su cliente se presentará ante los investigadores para ejercer su derecho a defensa. El abogado Ricardo Preda cuestionó las formas del operativo policial y argumentó que no existen motivos legales para solicitar una prisión preventiva, remarcando que se someterán al proceso como cualquier ciudadano y exigiendo que la causa no ceda ante presiones públicas.
La causa penal también involucra a otros exfuncionarios de alto rango, entre ellos el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó de forma voluntaria a las autoridades policiales. Se espera que tras la audiencia de este sábado, los fiscales definan el futuro procesal de los imputados y evalúen si formularán cargos formales por lesión de confianza y administración fraudulenta.
