Ley Penal Juvenil: Morabito cuestionó el enfoque punitivo y pidió garantizar condiciones de alojamiento
La aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil abrió un debate sobre las condiciones en las que el Estado puede privar de la libertad a adolescentes y sobre el rol que deben asumir los jueces. Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, sostuvo que la suspensión por 60 días dispuesta por una jueza bonaerense es una posibilidad viable si no existen lugares adecuados para alojar a los jóvenes, hoy en diálogo con Mesa Chica.
Según explicó, la magistrada no declaró inconstitucional la norma ni sostuvo que la ley fuera inaplicable, sino que suspendió su aplicación durante dos meses para que el Poder Ejecutivo informe dónde y bajo qué condiciones serán alojados los adolescentes. Morabito señaló que los jueces deben realizar un control de constitucionalidad y también de convencionalidad.
En ese marco, cuestionó el eslogan “delito de adulto, pena de adulto” y consideró que se trata de “una absoluta falsedad”, porque a los adolescentes siempre se les aplicaron las penas previstas en el Código Penal. Además, recordó que la Corte Suprema sostuvo que no tiene sentido atravesar un proceso especializado para terminar aplicando a un adolescente una pena de adultos.
Morabito también planteó que la respuesta frente al delito adolescente no necesariamente debe ser retributiva ni quedar limitada a la idea de que “si no es cárcel, no es sanción”. Aclaró que quien comete un delito debe responder ante la ley penal, pero remarcó que los adolescentes son sujetos en desarrollo y cuentan con los mismos derechos que los adultos, además de un plus por esa condición.
El juez vinculó la discusión con la situación social de los jóvenes y mencionó la pobreza, la indigencia, la falta de oportunidades y el consumo problemático como factores que pueden llevar al delito o al sistema penal. En ese sentido, rechazó que su planteo implique romantizar o victimizar a quienes delinquen.
También puso el foco en la responsabilidad del Estado cuando decide privar de la libertad a una persona. “Si como Estado te arrogás la facultad de privar de la libertad a alguien, te convertís en garante del cuidado de esa persona”, sostuvo, y advirtió que sin salud, educación y alimentación adecuada, la persona puede regresar a la sociedad “más desocializado que resocializado”.
Morabito cuestionó que se utilice el argumento del narcotráfico para justificar el encierro de adolescentes y planteó que el Estado debería perseguir a los adultos que los captan. Morabito sostuvo que la implementación del sistema también requiere presupuesto y señaló que las provincias no recibieron fondos de Nación para llevar adelante los lugares de alojamiento, por lo que remarcó que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional.
