El jefe de la Armada relevó a nueve militares por una denuncia de presunta corrupción
El comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, decidió relevar de sus actuales destinos a nueve integrantes de la fuerza, ocho capitanes de corbeta y un suboficial, luego de una investigación interna que detectó presuntas irregularidades en el pago de haberes. Los efectivos fueron pasados a disponibilidad y quedaron sujetos a una investigación disciplinaria en el marco del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La medida se tomó a partir de una denuncia por presuntas estafas y es independiente de la investigación judicial que ya se encuentra en marcha. Los nueve militares quedaron sin funciones mientras se intenta determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en las maniobras denunciadas.
Una denuncia por casi $1.000 millones
La Armada Argentina denunció ante la Justicia un presunto fraude que, según la presentación, alcanzaría los $981.148.567,88, a partir de 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026.
Los pagos irregulares habrían alcanzado inicialmente a 23 personas, aunque la investigación podría extenderse a más involucrados. De acuerdo con la denuncia, algunos depósitos superaban los haberes que correspondían a los beneficiarios y otros directamente carecían de respaldo.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, donde se deberán establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La presentación fue realizada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, luego de que en febrero de 2026 se detectaran anomalías en el pago de suplementos a cinco agentes.
Cómo habría funcionado el mecanismo
La revisión técnica realizada dentro de la fuerza comparó las liquidaciones de haberes, los recibos publicados, los lotes enviados al Banco Nación y las respectivas confirmaciones bancarias.
Según la denuncia, durante el procedimiento se habrían modificado manualmente registros y archivos después de los controles ordinarios y antes de que fueran enviados al banco. Posteriormente, determinados valores habrían sido restituidos a su estado original, de modo que los importes adicionales no quedaran reflejados en los recibos.
Las irregularidades, de acuerdo con la presentación judicial, no parecían responder a errores generalizados, sino que estaban concentradas en beneficiarios recurrentes y seguían un mecanismo reiterado.
Las acreditaciones cuestionadas eran incorporadas al proceso mensual de pago de más de 24.000 integrantes de la Armada, junto con los haberes legítimos. La hipótesis denunciada sostiene que de esa manera se habría logrado eludir los controles previos a la generación de los archivos bancarios.
Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron más de $434 millones
Uno de los puntos que analiza la denuncia es el caso de cuatro personas que no tenían vínculo con la Armada y que, según las actuaciones, recibieron en conjunto 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total denunciado.
Entre los beneficiarios mencionados aparecen María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz.
Prieto habría recibido $152.259.495,86 y, según la presentación, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.
En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía las acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente tanto los destinatarios como los importes, según surge de la denuncia. También habría señalado que ninguna otra persona intervenía en esas decisiones.
Sus declaraciones, de acuerdo con la documentación analizada por los investigadores, serían coincidentes con los registros encontrados durante la revisión.
Otros pagos bajo la lupa
La investigación interna también detectó operaciones vinculadas con personal de la propia fuerza.
Según la denuncia, Roberto Eduardo Castro habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en la Argentina, pese a que el sistema lo excluía automáticamente de los pagos locales.
También se investiga el caso de su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, quien habría recibido acreditaciones mientras se encontraba con licencia sin goce de sueldo.
La Justicia deberá determinar las circunstancias de cada una de esas operaciones y establecer si existieron responsabilidades individuales.
Qué implica el pase a disponibilidad
El pase a disponibilidad es una situación contemplada por la Ley de Personal Militar. Implica que el integrante de la fuerza queda transitoriamente sin funciones durante un período que puede alcanzar un máximo de un año.
La medida no supone por sí misma una degradación ni una sanción definitiva. En este caso, tiene como objetivo apartar a los involucrados de sus funciones mientras avanza la investigación disciplinaria.
De acuerdo con el resultado de esas actuaciones, podrían aplicarse distintas sanciones, que eventualmente pueden llegar hasta la destitución.
La Armada reforzó los controles
Luego de detectar las inconsistencias, la fuerza inició una actuación administrativa y posteriormente realizó la presentación judicial.
Además del apartamiento preventivo de los involucrados, la Armada informó que reforzó los mecanismos de control, separó las funciones vinculadas con la liquidación, el pago y la conciliación de haberes, relevó preventivamente a Atanasoff y preservó equipos y archivos relacionados con las operaciones investigadas.
Hasta el momento de la presentación judicial, se habían recuperado $42.574.267,63. De acuerdo con la denuncia, permanecían sin restituir $938.574.300,25, aunque las devoluciones realizadas no modifican el monto histórico de las operaciones presuntamente irregulares.
Desde la Armada remarcaron que la investigación administrativa y la causa judicial avanzan por carriles diferentes y que será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.
“La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”, expresó la Armada en un comunicado.
