Ley de Defensa de la Soberanía: Javier Milei mandó al Congreso un proyecto con derribos y 20 años de cárcel
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fija penas de hasta 20 años de prisión para la explotación ilegal de recursos en Malvinas y restituye el régimen de derribo de aviones hostiles.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nació tras la disputa por el avance petrolero en el Atlántico Sur, pero derivó en una reestructuración profunda del sistema de seguridad nacional.
El texto fue elaborado por el asesor Santiago Caputo, la secretaria María Ibarzábal, el canciller Pablo Quirno y el ministro Carlos Presti, con la firma final de Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo.
Con este proyecto, el Gobierno busca unificar política exterior, economía, defensa e inteligencia en un comando estratégico unificado para neutralizar hipotéticas hipótesis de conflicto.
Castigos por Malvinas, multas millonarias y juicios en ausencia
El primer capítulo de la norma deroga la antigua Ley 26.659 y extiende las prohibiciones a todos los recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Las sanciones no solo alcanzarán a las pesqueras o petroleras no autorizadas, sino también a socios, accionistas, financistas y empresas de logística que presten asistencia técnica.
Las multas administrativas se calcularán en el valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, acompañadas por inhabilitaciones comerciales de hasta 20 años en la Argentina.
En el plano penal, la extracción ilegal de recursos no renovables tendrá penas de entre 12 y 20 años de cárcel, mientras que el transporte de hidrocarburos castigará con hasta 20 años de prisión.
Además, las empresas privadas enfrentarán la suspensión de contratos estatales por 30 años o la disolución total, habilitándose la aplicación del juicio en ausencia.
El nuevo Consejo de Seguridad y la vuelta del régimen de derribo
La ley crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que estará encabezado por el Presidente junto a ministros clave, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Este superconsejo podrá bloquear activos financieros, restringir el mercado de cambios y elevar aranceles de importación hasta un 75% contra Estados extranjeros que representen una amenaza.
Asimismo, el proyecto restablece el procedimiento secuencial de interceptación aérea para declarar un Tránsito Aéreo Hostil e intimidar con disparos.
Como último recurso, el Presidente o el Ministerio de Defensa podrán ordenar la destrucción o derribo de la aeronave mediante el uso de la fuerza militar.
Esta medida busca reponer las Reglas de Protección Aeroespacial dictadas durante la gestión de Mauricio Macri y derogadas posteriormente por Alberto Fernández.
Control de fronteras marítimas y límites a la influencia extranjera
El articulado reforma la Ley de Defensa Nacional para autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas ante agresiones cibernéticas o ataques a la infraestructura crítica del país.
En el mar, se crea la figura de Buque de Interés y se autoriza el uso de disparos para inutilizar la propulsión de barcos clandestinos, reservando el hundimiento solo para casos extremos.
En materia política, se prohíbe el financiamiento extranjero en campañas electorales y se imponen penas de hasta 12 años de cárcel a quien ejecute operaciones de desinformación masiva.
Por otro lado, se prevé un Régimen de Desistimiento para que empresas sancionadas puedan regularizar su situación si abandonan las tareas ilegales y reorientan sus inversiones a territorio nacional.
Finalmente, el RePET obtendrá rango de ley dentro de la UIF para congelar activos de personas o entidades vinculadas al terrorismo internacional de forma inmediata.
