Congreso: Patricia Bullrich adelantó la sesión del Senado y prometió que “hay una diferencia sobre la elección de los directores”
El Senado de la Nación realizará este jueves desde las 11 una sesión ordinaria determinante donde La Libertad Avanza buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal para volcar dólares al circuito financiero formal.
La bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich logró cerrar un temario de consenso con los bloques aliados tras aceptar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, aunque la discusión por el reparto de cuotas de mercado mantiene máxima tensión en el recinto.
En el temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, el Gobierno decidió postergar para la próxima semana el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono.
Sobre este aplazamiento en la agenda legislativa, Patricia Bullrich confirmó de manera oficial el temario de la jornada y dejó en claro que la reforma del Banco Central se demoró una semana porque “hay una diferencia sobre la elección de los directores”.
despite esa postergación, el bloque de La Libertad Avanza llegará al recinto con la certeza de mostrar un triunfo político de magnitud, ya que cuenta con los votos necesarios para sancionar de forma definitiva la Ley de Inocencia Fiscal II.
Claves del plan oficialista para captar dólares e incentivar el mercado
La denominada Ley de Inocencia Fiscal II representa una herramienta prioritaria para el Poder Ejecutivo en su meta de incentivar el ingreso formal de divisas estadounidenses que los contribuyentes mantienen fuera del sistema bancario.
El proyecto elimina las restricciones vigentes para ingresar al régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, esquema que hasta el momento quedaba reservado únicamente para aquellos ciudadanos con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
Asimismo, la normativa redefine el concepto legal de “discrepancia significativa”, parámetro central que establece las condiciones exactas en las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
De acuerdo al texto legislativo, las autoridades considerarán como discrepancia significativa toda diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado formalmente.
En la misma sesión, los senadores tratarán la transferencia directa de competencias desde la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires en lo relativo a delitos penales cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual.
El temario de la jornada parlamentaria se completa con la votación para aprobar los pliegos judiciales de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.
Biocombustibles: el punto de conflicto con las provincias productoras
En el marco de las negociaciones políticas, el oficialismo aceptó incorporar la Ley de Biocombustibles, proyecto que eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10% a partir del primer año de sancionada la norma.
Sin embargo, el tratamiento en particular genera fuertes contrapuntos por el nivel de protección que recibirán las pequeñas y medianas empresas no integradas del sector de biodiésel.
Actualmente, las Pymes reclaman sostener sin cambios su participación garantizada del 7,5% dentro del mercado total, mientras que el texto impulsado por el Poder Ejecutivo propone un esquema de reducción progresiva que culmina con su eliminación completa para el año 2036.
El proyecto oficialista establece dos categorías claras de competidores: las compañías integradas, con capacidad de operar en distintos eslabones productivos, y las empresas no integradas.
Cuando la norma logre llevar el corte de biodiésel al 10%, las firmas no integradas tendrán asignada una cuota del 6,5% del mercado total. Este volumen bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031.
Finalmente, a partir del año 2032, un remanente del 7% del mercado quedará liberado para ser comercializado abiertamente entre todas las empresas de la industria.
Este sendero de reducción es rechazado tajantemente por los bloques aliados vinculados a las provincias del centro del país, quienes exigen modificaciones para asegurar la supervivencia y el trabajo de las pymes regionales.
