Fallo contra el DNU: le dieron 5 días al Gobierno para detallar cuántas hectáreas bonaerenses están en manos extranjeras y pidieron “evitar la pérdida de datos”
La Justicia de La Plata ordenó al Gobierno nacional que informe en un plazo perentorio de cinco días la cantidad exacta y la ubicación de las hectáreas de la provincia de Buenos Aires que pertenecen a titulares extranjeros. El fallo obliga de manera directa al Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Mariano Cúneo Libarona, a resguardar todos los antecedentes y bases de datos recopilados durante los últimos 15 años de vigencia de la Ley de Tierras.
La resolución fue firmada por la jueza Güendalina Sessarego, al frente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, tras hacer lugar a un planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El peligro de perder el registro del territorio
El fallo busca frenar la pérdida o alteración del registro de la propiedad rural en territorio bonaerense, luego de que la derogación de la normativa dejara sin efecto los techos a la compra de campos por parte de firmas o personas del exterior.
La jueza Güendalina Sessarego dispuso que el Poder Ejecutivo preserve sin modificaciones las bases registrales acumuladas en los últimos 15 años y aclare la fecha precisa hasta la cual se mantuvieron actualizadas. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, remarcaron que la eliminación de los controles oficiales deja a oscuras el mapa dominial del territorio.
La advertencia de la jueza en la sentencia
En los fundamentos de la sentencia judicial resalta una contundente advertencia sobre la necesidad de proteger la información estratégica en poder del Estado nacional y evitar la pérdida de datos clave acumulados en la última década y media.
“Lo que aquí se procura preservar no es solamente un elemento probatorio para el proceso, sino la información en poder del Estado que resulta relevante para conocer la evolución de una realidad territorial dinámica y, eventualmente, adoptar medidas adecuadas frente a potenciales daños”, escribió la magistrada.
En ese marco, la jueza remarcó que la prevención del daño exige contar con los registros catastrales previos: “La información ya recolectada constituye el antecedente necesario para conocer la evolución de esa realidad y posibilitar, en su caso, su posterior utilización. Por ello, su pérdida o alteración durante la sustanciación del proceso podría dificultar la eficacia de la tutela que corresponda adoptar”.
El impacto del DNU de Javier Milei
El conflicto central se originó tras la firma del DNU 70/2023 expedido por el presidente Javier Milei, cuyo artículo 154 derogó de manera directa la Ley 26.737 de Tierras Rurales aprobada en el año 2011. Aquella legislación imponía un tope máximo del 15% a la propiedad de tierras en manos extranjeras en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
Además de fijar ese techo del 15%, la ley establecía estrictas restricciones según la nacionalidad de los compradores y un límite de cantidad de hectáreas que podía acumular un mismo titular en las zonas de mayor productividad agrícola. Con el nuevo marco del DNU, los mecanismos de fiscalización quedaron suspendidos, motivo por el cual el fuero contencioso de La Plata ordenó a Nación que entregue la radiografía completa del suelo bonaerense en un plazo de cinco días.
