Rolando Graña: Leyes que el Gobierno no cumple, la pelea por el DNU y las contradicciones del peronismo
Hay una pregunta que atraviesa buena parte de lo que está pasando: ¿qué ocurre cuando un Gobierno no cumple una ley que ya fue sancionada? Emiliano Yacobitti planteó ese dilema al señalar que, si alguien pierde una votación en el Congreso, debe respetar el sistema democrático, pero que también existe un problema cuando el Gobierno veta una norma y después no la cumple.
Las leyes son obligatorias para todos, pero mucho más para los funcionarios. Una ley no es un consejo ni una sugerencia: es una obligación. Sin embargo, pasan los meses y el Gobierno sigue sin cumplir, según el planteo que atraviesa esta discusión, con la Ley de Financiamiento Universitario. Incluso apareció otro fallo judicial que ordenó cumplir con lo establecido para el presupuesto universitario.
Y entonces aparece otra pregunta: ¿qué hacen los jueces frente a esto? Porque mientras existen respuestas judiciales rápidas frente a determinados hechos ocurridos durante una protesta, queda planteado qué sucede cuando un funcionario desobedece una ley o un mandato judicial. Si a los manifestantes se les exige cumplir la ley, también cabe preguntarse cómo se controla el cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios.
La protesta universitaria vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. Hubo una manifestación en el Palacio Pizzurno por las Becas Progresar y, según lo relatado, estudiantes fueron recibidos para una reunión que terminó con cuatro jóvenes encerradas en una habitación y con sus celulares retirados. El secretario de Políticas Universitarias realizó posteriormente un video para sus redes sociales.
La disputa por el DNU
Ahora la discusión se cruza con otra: el intento de voltear el DNU. La movilización prevista para el 15 de octubre coincide con esa disputa y, según el planteo realizado, a la oposición le faltarían 15 diputados para alcanzar el número necesario.
La cuestión universitaria, de todos modos, es diferente: allí la discusión está vinculada con el cumplimiento de una ley ya sancionada y con decisiones judiciales. En el caso del DNU, el conflicto se amplió a partir de la discusión sobre la Ley de Tierras.
Florencia Carignano planteó que el Gobierno estaría avanzando con un esquema mediante el cual extranjeros podrían obtener la ciudadanía argentina a cambio de una inversión de 350.000 dólares, mientras se discutía la caída de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Miguel Ángel Pichetto contó que presentó una cautelar en el fuero Contencioso Administrativo para intentar frenar una eventual operación inmobiliaria que pudiera afectar el territorio nacional. La discusión se produjo después del fallo de la Corte que, según lo planteado en el material, dejó abierta una ventana respecto de la Ley de Tierras.
Y acá aparece una de las contradicciones políticas más importantes: la oposición respondió planteando que, si la Ley de Tierras quedaba alcanzada por ese proceso, entonces había que avanzar contra todo el DNU. El problema para el Gobierno es que, según el escenario planteado, si se reúnen los votos necesarios podría caer el decreto completo y no solamente ese capítulo.
El DNU incluye cuestiones que fueron centrales para el Gobierno de Milei. Entre ellas, la derogación de la Ley de Alquileres y modificaciones vinculadas con el régimen laboral. Por eso, la discusión sobre la Ley de Tierras terminó ampliándose hacia una discusión mucho mayor sobre la continuidad del decreto.
Las contradicciones del peronismo y el sindicalismo
Y después aparece el otro problema: la oposición. Luis Barrionuevo planteó que el peronismo debe dejar atrás las peleas internas y apostar por una renovación, mientras que Pablo Moyano pidió que Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner salgan de la disputa interna para enfrentar el avance de la derecha.
Pero acá aparece otra contradicción. Porque mientras se reclama unidad dentro del peronismo, también existen fuertes disputas dentro de organizaciones sindicales. El caso de los Moyano aparece en el material como ejemplo de esas diferencias internas.
Y hay otra discusión todavía más incómoda: el nivel de vida de algunos dirigentes sindicales y la posibilidad de justificarlo con sus ingresos. La pregunta que queda planteada es de dónde provienen determinados patrimonios y estilos de vida cuando quienes los exhiben tienen como principal fuente de ingresos su actividad sindical.
Esa es una discusión que el peronismo también debería dar. No alcanza con reclamar renovación política si no existe una discusión sobre la renovación de determinadas estructuras sindicales. Y tampoco alcanza con denunciar que la derecha se organiza si las propias organizaciones opositoras tienen dificultades para ordenar sus internas.
¿Sirve la protesta?
Rodolfo Aguiar planteó la necesidad de aumentar la conflictividad hasta el 15 de octubre, con la mirada puesta en el Congreso y en la discusión por la Ley de Tierras. La pregunta que queda entonces es si la protesta social sirve frente a un Gobierno como el de Milei.
La respuesta no parece ser igual en todos los casos. Hubo situaciones en las que la movilización callejera tuvo impacto sobre dirigentes políticos que terminaron tomando distancia de determinadas decisiones. También hubo otras en las que las grandes movilizaciones no modificaron la posición del Gobierno.
El caso universitario vuelve a plantear esa diferencia. Las universidades realizaron movilizaciones masivas y, sin embargo, la discusión sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sigue abierta.
Y ahí volvemos al principio: si una ley fue sancionada, aprobada y posteriormente respaldada por decisiones judiciales, la pregunta central sigue siendo quién controla que esa ley se cumpla.
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