Caso Malvinas: venció el plazo de Milei y la Argentina va al Tribunal del Mar
El plazo formal de dos semanas otorgado por el gobierno de Javier Milei al Reino Unido para congelar los trabajos petroleros en las Islas Malvinas expiró de forma definitiva. La Cancillería argentina, conducida por Pablo Quirno, prepara la presentación inmediata de medidas cautelares en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
La estrategia judicial busca frenar de forma preventiva el avance de la cuenca Sea Lion, ubicada a 220 kilómetros al norte de Puerto Argentino. La maniobra fue articulada junto al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y especialistas en derecho internacional. El expediente se tramita en el marco del Anexo VII de la CONVEMAR. La diplomacia nacional busca evitar la extracción de recursos hidrocarburíferos no renovables mientras subsista la disputa de soberanía territorial.
El ultimátum del Gobierno y la postura diplomática
El conflicto recrudeció tras la advertencia pública emitida por la Oficina del Presidente a fines de septiembre. En esa oportunidad, el Ejecutivo argentino notificó que no toleraría exploraciones o perforaciones ilegítimas en la plataforma continental.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, argumentó Javier Milei a través de la red social X. La respuesta de Londres fue un rechazo rotundo a los planteos de la Casa Rosada. El Foreign Office británico convocó a la embajadora Mariana Plaza para comunicarle que las advertencias argentinas constituyen una intromisión inaceptable.
Las herramientas que contempla el Tribunal del Mar
El artículo 290.5 de la convención de la ONU permite solicitar dictámenes cautelares urgentes antes de conformar el panel arbitral definitivo. Un fallo a favor ordenaría la parálisis inmediata de cualquier tipo de obra.
Existen antecedentes clave en la justicia internacional que fortalecen la postura de Buenos Aires. En 2012, el mismo tribunal con sede en Alemania resolvió la liberación exprés de la Fragata ARA Libertad. Asimismo, en 2015 el organismo frenó perforaciones petroleras en el litigio que enfrentó a las naciones africanas de Ghana y Costa de Marfil. El objetivo de la Cancillería es repetir ese esquema cautelar.
Las empresas involucradas y el impacto financiero
El proyecto hidrocarburífero en el Atlántico Sur es operado por la firma israelí Navitas Petroleum en un 65 por ciento. El 35 por ciento restante de las acciones pertenece a la corporación británica Rockhopper Exploration.
Ambas firmas mantienen el plan de comenzar la fase de extracción comercial durante el primer trimestre del año 2028. Sin embargo, el cerco jurídico impuesto por la Argentina ya provocó simbronazos. En el último mes, Rockhopper Exploration registró un desplome del 32 por ciento en sus acciones en la Bolsa de Londres. A su vez, contratistas de renombre mundial como Halliburton retiraron sus servicios para no sufrir sanciones comerciales del Estado argentino.
