La causa ANDIS suma nuevos procesados y pone bajo la lupa compras por más de $7.800 millones
La investigación por posibles maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo avance judicial. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, por presuntas irregularidades en las contrataciones del Programa Incluir Salud.
La resolución, dictada el día de hoy, también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y amplió las acusaciones contra otros cuatro imputados que ya estaban procesados. El expediente analiza diferencias de precios en compras de medicamentos y materiales médicos y ortopédicos, por un monto estimado de $7.833 millones.
Las diferencias de precios bajo investigación
Según el relevamiento incorporado a la causa, se detectaron diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en operaciones vinculadas con seis categorías de insumos médicos. Entre ellas figuran amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
Ese monto se sumó a los $5.984.594.394,24 identificados previamente en el rubro medicamentos. De esta manera, la cifra total bajo análisis asciende a $7.833.872.357,24, aunque el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a las contrataciones que pudieron compararse con valores de referencia.
La investigación busca determinar si existió una estructura organizada para influir sobre las contrataciones estatales y beneficiar a determinados proveedores. Entre las presuntas maniobras analizadas figuran el direccionamiento de adjudicaciones, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia y la gestión de pagos a empresas favorecidas.
A quiénes alcanza la resolución
Además de Spagnuolo, la ampliación del procesamiento alcanzó a Daniel Garbellini, exsegundo del titular de la ANDIS, y al lobista Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. También fueron ampliados los procesamientos de Andrés Arnaudo y Federico Santich, considerados posibles integrantes de esa organización.
La medida incluyó a empresarios vinculados con compañías proveedoras del organismo y a personas que habrían participado en tareas administrativas, como la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de trámites, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.
Los delitos investigados varían según la participación atribuida a cada imputado e incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En algunos casos, también se analiza el presunto delito de lavado de activos agravado.
Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas, por lo que consideró necesario profundizar la investigación sobre su eventual participación en los hechos.
La causa continúa bajo análisis judicial para establecer cómo se realizaron las contrataciones, si hubo beneficios indebidos para determinados proveedores y qué responsabilidad le corresponde a cada una de las personas involucradas.
