Más de 2 millones de jubilados quedaron afuera de la cobertura total de medicamentos del PAMI
El Gobierno nacional admitió que 2,2 millones de afiliados del PAMI quedaron excluidos de la cobertura automática del 100% para medicamentos que regía hasta fines de 2024. El dato surge del último informe de gestión presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso y expone el impacto de los cambios implementados en el sistema de subsidios de la obra social de los jubilados.
Según la respuesta oficial, de ese universo 1,6 millones de personas consumían regularmente esos medicamentos, por lo que pasaron a depender de mecanismos de excepción, subsidios sociales o trámites específicos para intentar recuperar la cobertura plena.
La decisión se justificó bajo el argumento de garantizar la “sostenibilidad del sistema”, aunque organizaciones de jubilados y especialistas sostienen que el nuevo esquema contradice una cautelar judicial que ordenó restituir el beneficio a todos los afiliados del país.
La situación afecta directamente a miles de adultos mayores que deben afrontar gastos crecientes en remedios mientras los haberes previsionales continúan perdiendo poder adquisitivo frente al costo de vida.
Uno de esos casos es el de Graciela, de 78 años, quien vio reducirse la cobertura de sus medicamentos del 100% al 50%. Ante el aumento de los costos, comenzó a espaciar tratamientos, luego financió compras en cuotas y finalmente debió suspender parte de la medicación por falta de recursos.
La respuesta oficial al Congreso indica que los afiliados excluidos de la cobertura total continúan recibiendo descuentos de entre el 50% y el 80%. Sin embargo, desde la Defensoría de la Tercera Edad advierten que la realidad económica de los jubilados dificulta incluso afrontar esos porcentajes.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que resulta imposible establecer con precisión cuántos afiliados necesitan efectivamente estos tratamientos porque se trata de un universo cambiante que incluye medicamentos oncológicos, tratamientos de mantenimiento y terapias de distinta complejidad.
Además, cuestionó el cumplimiento de las órdenes judiciales y afirmó que el comportamiento del PAMI sigue siendo “errático”, mientras miles de jubilados optan por resignar tratamientos o iniciar reclamos judiciales individuales para recuperar la cobertura.
Uno de los principales focos del conflicto es la vigencia de una cautelar dictada en octubre de 2025 que ordenó restablecer el programa Vivir Mejor, mediante el cual los afiliados accedían automáticamente a la cobertura total de determinados medicamentos.
Carlos Vicente, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y querellante en una de las causas, explicó que esa medida judicial continúa vigente y que, a su entender, el PAMI no la está cumpliendo.
Según detalló, la resolución aprobada en febrero de este año forma parte de un acuerdo alcanzado en uno de los múltiples expedientes abiertos contra la obra social, pero no reemplaza la obligación de restituir el esquema anterior para todos los afiliados.
Mientras tanto, los amparos judiciales se multiplican en todo el país. Estudios especializados señalan que crecieron significativamente las demandas vinculadas a cobertura de medicamentos, internaciones y tratamientos tanto contra el PAMI como contra obras sociales y prepagas.
Desde el Gobierno aseguran que el impacto económico es menor al denunciado por las organizaciones. En el informe enviado al Congreso sostuvieron que el 66,4% de los afiliados destina menos del 5% de sus ingresos previsionales mínimos a la compra de medicamentos y que el 94% gasta menos del 20%.
Sin embargo, los números difundidos por la Defensoría de la Tercera Edad muestran una realidad muy diferente. Según sus estimaciones, el costo mensual de los medicamentos representa actualmente el 27,5% de la canasta de un jubilado, lo que equivale a unos $500.000 mensuales, una cifra superior a la jubilación mínima incluso con el bono extraordinario incluido.
La discusión se produce en un contexto de fuerte deterioro del ingreso previsional. De acuerdo con datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el bono de $70.000 que perciben los jubilados de menores ingresos perdió cerca de la mitad de su poder de compra entre abril de 2024 y abril de 2026.
Mientras continúan las causas judiciales y los reclamos de organizaciones de jubilados, el reconocimiento oficial de que más de dos millones de afiliados perdieron el acceso automático a la cobertura total de medicamentos vuelve a poner en el centro del debate el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la población.
