
Caso YPF: la jueza Preska cerró formalmente la causa en Nueva York y la definición pasa a la Corte
La jueza federal Loretta Preska cerró formalmente el caso por la estatización de YPF en primera instancia en Nueva York y dejó sin efecto la sentencia contra Argentina. Con este paso procesal, la causa judicial entra en una fase decisiva donde la Corte Suprema de Estados Unidos resolverá si acepta revisar el reclamo presentador por Burford Capital.

Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro de la Nación confirmaron la novedad a la prensa y remarcaron que el fallo de la jueza se ajusta a lo previsto. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, explicaron fuentes del organismo estatal.
El revés judicial para los fondos en la Cámara de Apelaciones
La decisión de la magistrada acata de manera directa lo resuelto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. El pasado 27 de marzo, los jueces Denny Chin y Beth Robinson revocaron la histórica condena que obligaba al país a desembolsar una cifra millonaria.
Aquel fallo de segunda instancia contó con la disidencia del juez José Cabranes y determinó que la jueza Loretta Preska había interpretado de forma errónea el derecho local. Los magistrados de alzada concluyeron que la legislación argentina de expropiación prohíbe de forma explícita que terceros interfieran con demandas en un proceso expropiatorio.
Asimismo, determinaron que los estatutos de una empresa no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños como los solicitados. En junio, el plenario del tribunal rechazó un pedido de revisión en banc, agotando la instancia ordinaria en Estados Unidos.
El origen del litigio millonario por la petrolera
La batalla legal tuvo su origen en el año 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió la expropiación de la compañía energética YPF. Las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park iniciaron la demanda al considerar violados los derechos de los accionistas minoritarios.

El fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de las exsociedades y asumió el financiamiento de toda la demanda contra el país. En 2023, la jueza Loretta Preska había dictado una sentencia contra Argentina por más de USD 16.100 millones, un monto que superaba los USD 18.000 millones con intereses. Ese fallo constituyó en su momento la mayor condena judicial de la historia contra un Estado soberano en los tribunales estadounidenses.
La apelación final ante la Corte Suprema norteamericana
Sin posibilidades de avanzar en las instancias previas, Burford Capital acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de certiorari. En la solicitud formulada a inicios de octubre, los demandantes calificaron la decisión de la Cámara de Apelaciones como un hecho gravemente erróneo y sin precedentes.
El fondo argumenta que el tribunal de alzada se apartó de la jurisprudencia al priorizar decisiones locales y la interpretación del derecho de Argentina. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense no tiene la obligación de tratar el expediente ingresado.
La Corte norteamericana recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y solo acepta revisar alrededor de 80 casos por cada período de sesiones. Tampoco existen plazos fijos estipulados para que los magistrados determinen si aceptan o rechazan el expediente.
Ante este panorama, la Procuración del Tesoro de la Nación ya trabaja en la estrategia de defensa para respaldar los intereses patrimoniales del país. En forma paralela, el fondo Burford Capital mantiene abiertas acciones ante el CIADI, organismo arbitral dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

