Santiago Caputo defendió la reforma para designar jueces: “Si tienen un problema con eso, hay que elegir mejores senadores”
El debate por las nuevas reglas para llegar a la cima del Poder Judicial sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Poder Ejecutivo modificara por decreto las condiciones para la selección y postulación de magistrados de la Corte Suprema, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a defender públicamente la medida y fijó la postura del Gobierno frente a las críticas.
“La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de comprensión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano”, sostuvo Caputo en redes sociales. Luego apuntó directamente contra la norma impulsada en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner: “El decreto 222 era una de esas anomalías institucionales que se fabrican como pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo”.
Para el asesor, las instancias previas de impugnación ciudadana que funcionaban bajo la órbita del Ministerio de Justicia resultaban redundantes, ya que el sistema constitucional contempla mecanismos suficientes de control.
“El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, donde se encuentra representado el pueblo de cada provincia”, argumentó.
Finalmente, trasladó la discusión al plano político y electoral. “Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, afirmó.
Qué cambia con el Decreto 467/2026
La defensa de Caputo quedó respaldada con la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, una norma firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que modifica el esquema establecido por los decretos 222 y 588 de 2003.
La reforma elimina la etapa administrativa que permitía a ciudadanos, ONG y colegios profesionales presentar observaciones sobre los candidatos antes de la nominación formal. Desde ahora, los antecedentes y currículums de los postulantes serán difundidos únicamente a través del Boletín Oficial y de la página web del Ministerio de Justicia, dejando sin efecto la obligación de publicarlos en diarios de circulación nacional.
Nuevas reglas patrimoniales
El nuevo esquema también introduce cambios en materia de control patrimonial y fiscal. Los postulantes a integrar la Corte Suprema, la Procuración General o la Defensoría General deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de un plazo máximo de cinco días, incluyendo bienes propios y los correspondientes a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética Pública. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá el mismo plazo para elaborar los informes sobre la situación fiscal y previsional de cada candidato, preservando el secreto fiscal durante el proceso.
Qué sigue igual y qué desaparece
A pesar de la reestructuración, el núcleo constitucional del mecanismo de designación permanece intacto. Los candidatos seguirán sometiéndose a audiencias públicas en el Senado, podrán recibir impugnaciones formales en la Comisión de Acuerdos y necesitarán reunir el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes para obtener la aprobación definitiva.
Sin embargo, el decreto eliminó las recomendaciones incluidas en la normativa de 2003 que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialidades jurídicas al momento de conformar los máximos tribunales del país.
El oficialismo impulsó estos cambios luego de haber logrado destrabar la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado. Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma busca agilizar los nombramientos y evitar trámites burocráticos que, a su entender, duplicaban controles. En la vereda opuesta, sectores opositores y organizaciones civiles advierten que la medida reduce instancias de participación ciudadana y abre un nuevo foco de tensión en torno a la independencia judicial.
