Caso Adorni: el CIPCE pidió a la UIF investigar al jefe de Gabinete por presunto lavado de activos
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. El planteo incluye la posibilidad de presentar una denuncia penal por presunto lavado de activos si del análisis surgen elementos que justifiquen una investigación judicial.
El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, luego de que Adorni difundiera finalmente su declaración jurada correspondiente a 2025, en medio de la polémica por el origen de parte de sus ahorros y las inconsistencias detectadas en presentaciones anteriores.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la organización reclamó que el organismo active “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo sobre el patrimonio del funcionario y de su esposa, en virtud de su condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
El objetivo, señalaron desde el CIPCE, es establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica de los bienes y fondos declarados.
Los argumentos del pedido
Entre los elementos que motivaron la presentación, la entidad mencionó la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año más tarde, cuando Adorni ya ocupaba funciones públicas.
También hizo referencia a la existencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes realizados en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias por fuera del sistema bancario con personas que, según el planteo, no tendrían capacidad económica suficiente para respaldarlas.
Otro de los puntos centrales del pedido está vinculado con las declaraciones del propio Adorni en LN+, donde reconoció haber omitido en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares estaban compuestos por dinero no declarado formalmente.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos”, había expresado el funcionario al referirse a unos 500.000 dólares, según sus propias manifestaciones públicas.
Para el CIPCE, ese reconocimiento abre interrogantes respecto del cumplimiento de los estándares de transparencia exigibles a quienes ocupan cargos públicos y sobre el origen de los fondos involucrados.
Operaciones inmobiliarias y controles reforzados
La organización también incorporó testimonios de personas que declararon ante la Justicia federal y que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real.
De confirmarse esa situación, sostuvo el CIPCE, podría analizarse bajo la figura de simulación y eventualmente encuadrarse dentro de maniobras compatibles con el delito de lavado de activos.
Asimismo, remarcó que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de “Inocencia Fiscal” no suspende ni limita las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado ni las facultades de la UIF para examinar operaciones patrimoniales inconsistentes.
En ese sentido, recordó que la normativa vigente establece deberes de debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.
La mirada sobre los estándares internacionales
Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el pedido dentro del seguimiento reforzado que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene sobre la Argentina en materia de prevención e investigación del lavado de activos.
Según la organización, una actuación “diligente y oportuna” de la UIF frente a casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una señal relevante del compromiso del país con los estándares internacionales de transparencia y control.
Por ese motivo, solicitó que se realicen controles integrales de consistencia patrimonial, incluyendo el cruce de información con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes provenientes del sistema financiero.
Hasta el momento, ni la UIF ni Manuel Adorni realizaron declaraciones públicas sobre el pedido formulado por el CIPCE. La presentación, sin embargo, suma un nuevo capítulo a la controversia generada alrededor de la situación patrimonial del jefe de Gabinete y podría derivar en nuevas actuaciones administrativas o judiciales en las próximas semanas.
