
Desarticularon una red de estafas a jubilados que operaba desde cárceles bonaerenses
Una organización delictiva montó una estructura de comunicaciones desde establecimientos penitenciarios para engañar a personas mayores y obtener dinero mediante distintas maniobras. La banda también contaba con colaboradores fuera de las cárceles, que podían intervenir para concretar robos domiciliarios cuando las estafas telefónicas no prosperaban.
La investigación, encabezada por el fiscal Mariano Moyano en Mar del Plata, permitió reconstruir el funcionamiento de la red, que habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre. Los procedimientos se llevaron a cabo el 22 de octubre en unidades penitenciarias bonaerenses y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares.
Falsos policías y familiares para engañar a las víctimas
Los integrantes de la organización utilizaban distintas identidades para ganarse la confianza de sus víctimas. Una de las modalidades consistía en hacerse pasar por policías y alertar sobre un supuesto accidente de tránsito en el que un familiar había atropellado a una mujer embarazada.
Con esa historia, exigían dinero para resolver la falsa emergencia. En uno de los casos, los estafadores reclamaron $16 millones y uno de los involucrados simuló ser el familiar, mientras otro se presentó como fiscal para sostener el engaño.
Otra de las maniobras consistía en simular un operativo para cambiar dólares, relacionado con un supuesto anuncio presidencial. Los investigadores también detectaron que los sospechosos alternaban sus roles durante las comunicaciones para mantener la presión sobre las personas contactadas.
Cuando no conseguían concretar el fraude por teléfono, la organización podía recurrir a colaboradores que actuaban fuera de los penales para ejecutar robos en las viviendas.
Una jubilada fue golpeada durante una entradera
Uno de los hechos más graves investigados ocurrió en Mar del Plata y tuvo como víctima a una mujer de 70 años. Los delincuentes ingresaron a su vivienda, la golpearon y le provocaron cortes en los dedos de los pies para exigirle dinero.
Los asaltantes escaparon con $600.000. La causa también incluyó un intento de robo que no llegó a concretarse el 8 de julio y que permitió avanzar en la reconstrucción de las maniobras de la banda.
El análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y registros de comunicaciones fue clave para vincular los hechos e identificar a los presuntos integrantes de la organización.
Planillas con datos de jubilados de todo el país
Los investigadores encontraron planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas. Los contactos estaban organizados por localidades y se seleccionaba principalmente a jubilados y pensionados de distintas partes del país.
El fiscal Moyano explicó que la red no realizaba llamadas al azar. Como ejemplo, señaló que en una jornada se registraron 120 comunicaciones dirigidas a personas de Mar del Plata. También se detectaron llamados a Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.
El rastreo de las líneas permitió identificar miles de comunicaciones asociadas a teléfonos que activaban antenas cercanas a establecimientos penitenciarios. Además, los sospechosos intercambiaban distintas tarjetas SIM en un mismo dispositivo.
Según la reconstrucción de la fiscalía, la actividad se concentraba de lunes a sábado, entre las 9 y las 17. El análisis de los registros permitió estimar que la organización habría realizado cerca de 20.000 llamadas en el período investigado.
Quiénes son los sospechosos bajo investigación
La pesquisa identificó a Hugo “el Gitano” Miguel, de 62 años, como presunto jefe de la organización. El hombre estaba alojado en la cárcel de Olmos y fue señalado como uno de los principales responsables de las comunicaciones utilizadas para engañar a las víctimas.
También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre. Los procedimientos realizados en los establecimientos penitenciarios permitieron incautar ocho celulares que serán relevantes para profundizar las actuaciones.
Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, determinar cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de las cárceles.
La investigación continúa para establecer el alcance de la organización y esclarecer la posible participación de otras personas en el funcionamiento de la red.

