Ajuste, desregulación financiera y el escándalo en Bolivia: la editorial de Rolando Graña
Hay 6 millones de personas endeudadas con el sistema formal en condición de morosidad, gente que lleva más de 45 días sin poder pagar sus deudas, a lo que hay que sumar a quienes les deben plata al prestamista del barrio, al narco o al mecánico. Esto empieza a preocupar a la dirigencia política, pero no al gobierno. Ayer, tras 45 días, el presidente Javier Milei reunió a sus ministros y ratificó que va a seguir el rumbo económico y que “no hay crisis de morosidad”.
Claro que no hay crisis de morosidad para los bancos, que cobran tasas usureras a los que todavía pueden pagar. La crisis la tiene la gente que saca créditos no para cambiar el auto o la casa, sino para sobrevivir y comprar comida. Este drama de endeudamiento masivo se generó a partir del DNU 70 de diciembre de 2023, que liberó las tasas.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, exige la intervención del Estado para renegociar con los bancos, pero Milei responde con una chicana preguntando si pretenden que Papá Estado les pague la deuda a los que compraron un televisor para ver el Mundial o a los que timbearon en juegos online. La gente no se endeudó para ver el Mundial, se endeudó para comer.
Mientras en el Congreso se discuten proyectos para refinanciar las deudas en blanco y elevar a 8 años las penas a prestamistas informales, en TikTok varios usureros muestran con total impunidad cómo le sacan la computadora a un tipo para venderla por privado si no paga. El único avance concreto hasta ahora se logró en la Ciudad de Buenos Aires, donde oficialismo y oposición sacaron una ley con los bancos para refinanciar a los asalariados en blanco, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof inició acciones colectivas contra las billeteras virtuales por los costos financieros totales que ocultan.
A la par de la crisis financiera, el ajuste en la salud pública provoca un desastre silencioso. Los jubilados tienen que elegir mes a mes qué medicamentos comprar. El sanitarista cordobés Óscar Atienza realizó un estudio sobre la mortalidad en la tercera edad durante 2024 en la provincia de Córdoba que revela un exceso de muertes por encima de los promedios habituales, superando las cifras de la pandemia. Cortarle los remedios para la presión o el colesterol a un jubilado vía PAMI o bajarle los descuentos no es gratis; discontinuar un tratamiento crónico es poner en riesgo su vida.
En el plano político, Ricardo Quintela dejó en claro que no va a gobernar en función de las recetas del presidente ni a costa del hambre de los riojanos. Milei ganó vendiendo la idea de que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario y que eliminando el déficit la economía volaba. Hoy la inflación acumulada de Milei supera el promedio de Cristina Kirchner, y si bien la inflación dejó de encabezar las prioridades de la gente, es porque la taparon dos dramas peores: la caída de los salarios y el desempleo.
El deterioro social impacta de lleno en las fuerzas de seguridad. Fernando Tocho expuso que en la Provincia de Buenos Aires hay más muertes por suicidio en las fuerzas policiales que homicidios en enfrentamientos o accidentes de tránsito. La sobrecarga laboral, los bajos sueldos, el endeudamiento y el impacto psicológico diario hacen que sea más peligroso ser policía por la salud mental propia que por enfrentarse a los delincuentes.
En materia de defensa, autoridades militares informaron al intendente David Angueira la reducción de actividades en la base aeronaval de Punta Indio para trasladar la aviación a Bahía Blanca. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le envió notas al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, pero este ni contestó porque está ocupado negociando votos para eliminar las PASO.
Desmantelar Punta Indio afecta a más de 1.000 trabajadores de una población de 12.000 personas y deja desprotegida la entrada al Río de la Plata. El gobierno lo hace para alinearse con Estados Unidos, usando la excusa de perseguir a los pesqueros chinos en aguas internacionales. El monitoreo para que no entren en aguas territoriales lo hace la Prefectura Naval Argentina con tecnología de precisión. La Armada abandona la vigilancia del Río de la Plata y condena a Punta Indio a convertirse en una ciudad fantasma.
En el plano internacional, el caso de Fernando Cerimedo en Bolivia pasa de escándalo a culebrón de sicarios. Su ex socio Javier Negre desespera por despegarse en los medios diciendo que él es el único dueño de La Derecha Diario y que Cerimedo no tenía relación con el presidente. Sin embargo, la exasesora Nadia Beller reveló que Cerimedo planeaba impulsar la candidatura presidencial del pastor Dante Gebel y ratificó que el intento de homicidio fue para silenciarla por los audios y chats que salpicaban a la esposa del presidente Rodrigo Paz y a directivos de YPFB.
El informe de la fiscalía identificó a los dos sicarios prófugos: el colombiano Aldúbar Henry Silva Peña (alias “el Juancho”) y Alejandro Salomón Busceta (hijo de un malandra apodado “Don Fiti”). Ya detuvieron a la pareja del Juancho (Paola Vargas Arispe) y a quien aportó el arma (Roger Aguilera Céspedes). A Nadia Beller le plantaron un cebo falso sobre fotos y videos de un supuesto abuso de Evo Morales contra una menor para citarla en la puerta del Swissotel en Santa Cruz de la Sierra.
Ante la gravedad del caso, la respuesta de Milei fue victimizarse y acusar a Marcela Pagano, a Lula da Silva y al castrochavismo de una opereta. Como señaló Pagano, cuando un presidente responde a cada hecho con una teoría conspirativa para justificar que su exasesor clave de campaña, el mismo que le presentó a Flavio y Eduardo Bolsonaro en su departamento de Puerto Madero, está preso por contratar sicarios, pasa a gobernar sus propios delirios persecutorios.
Por último, el exjefe de gabinete Manuel Adorni, el mismo que mostraba una radiografía de perro para descalificar a las personas con discapacidad, terminó admitiendo que fue un evasor que guardó ahorros en negro durante 25 años. Aunque rectificó sus declaraciones juradas en dos oportunidades, el fiscal Eduardo Taiano le solicitó la documentación que respalde el descalce patrimonial de 43 millones de pesos en blanco y 400.000 dólares en negro. Como no presentó los comprobantes ni préstamos sobre la venta de activos o el dinero de su padre, acaba de pedir una prórroga a la Justicia para intentar justificar su enriquecimiento.
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