El Gobierno oficializó por decreto la flexibilización para designar jueces de la Corte Suprema
Tal como adelantó AM del Plata ayer, el Gobierno nacional oficializó este martes la reforma del mecanismo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación, mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial. La medida, que había sido anticipada por distintos medios, modifica los históricos decretos 222 y 588 de 2003 y apunta a acelerar los procesos de nominación reduciendo etapas administrativas previas al envío de los pliegos al Senado.
La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elimina el mecanismo de exposición pública y recepción de observaciones ciudadanas que hasta ahora se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de formalizar una candidatura.
A partir de este nuevo esquema, desaparece la obligación de publicar previamente las postulaciones en medios gráficos para habilitar objeciones de organizaciones civiles, colegios profesionales o particulares. En adelante, la difusión de los antecedentes y currículums de los candidatos se realizará exclusivamente a través del Boletín Oficial y de los canales digitales del Ministerio de Justicia, reduciendo considerablemente los tiempos del procedimiento.
Nuevas reglas patrimoniales y control fiscal
El decreto también introduce modificaciones en materia de transparencia patrimonial. Los postulantes deberán presentar, dentro de un plazo máximo de cinco días, sus declaraciones juradas de bienes, incluyendo información sobre el patrimonio propio y el correspondiente a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, conforme a lo establecido por la Ley de Ética Pública.
Además, la norma fija por primera vez un límite temporal para la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo contará con un máximo de cinco días hábiles para elaborar los informes sobre la situación impositiva y previsional de cada candidato, preservando el secreto fiscal durante todo el proceso de evaluación. Según el Ejecutivo, esta medida busca evitar demoras burocráticas sin resignar los controles sobre quienes aspiren a ocupar los cargos más relevantes del sistema judicial.
Sin referencias a diversidad de género y representación federal
Otro de los cambios más significativos es la eliminación de las recomendaciones incluidas en el decreto impulsado por Néstor Kirchner en 2003, que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia regional al momento de definir la integración del máximo tribunal.
Si bien esas pautas no tenían carácter obligatorio, funcionaban como una guía institucional para promover una composición más representativa de la Corte Suprema. El nuevo texto omite cualquier referencia a esos principios y deja librada la selección exclusivamente a la decisión política del Poder Ejecutivo.
La reforma se produce en un contexto en el que el oficialismo busca acelerar la cobertura de vacantes judiciales y mantener abierta la discusión sobre el futuro de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres de los cinco miembros previstos por ley. El nuevo decreto podría convertirse así en una herramienta clave para agilizar futuras nominaciones y redefinir el perfil del máximo tribunal argentino.
