Javier Milei flexibiliza por decreto la designación de jueces de la Corte Suprema
El presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el régimen para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo oficial es simplificar trámites, evitar instancias consideradas redundantes y cubrir con mayor rapidez las vacantes del máximo tribunal, en momentos en que el Gobierno analiza acelerar la renovación de su integración.
El nuevo instrumento legal, que será publicado en las próximas horas, modifica de manera sustancial el histórico decreto 222/03, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner como un mecanismo de “autolimitación” del Poder Ejecutivo.
Fin de las impugnaciones ciudadanas
La nueva normativa elimina la instancia de impugnaciones y observaciones de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales ante el Ministerio de Justicia, que hasta ahora disponían de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre los candidatos propuestos.
También desaparece la obligación de publicar las postulaciones en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días, uno de los mecanismos incorporados en 2003 para garantizar publicidad y participación en el proceso.
Desde el Gobierno argumentaron que existía una “duplicación de instancias administrativas” y una innecesaria “opacidad”, y defendieron que los cambios permitirán reducir significativamente los tiempos de selección sin afectar la transparencia, ya que el debate público y el control institucional continuarán en la etapa legislativa, cuando los pliegos se traten en el Senado.
Adiós a los criterios de género y representación federal
El decreto también elimina las recomendaciones para que las postulaciones contemplen criterios de paridad de género, especialidad jurídica y procedencia regional.
Si bien esas pautas no eran obligatorias, se sumaron por el decreto de Kirchner como una guía para promover una composición más diversa del tribunal.
De hecho, esos criterios ya habían sido omitidos por la actual gestión al impulsar las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla, cuyos procesos estuvieron atravesados por cuestionamientos e impugnaciones.
Nuevas reglas patrimoniales
El decreto también introduce cambios en los requisitos vinculados a la situación patrimonial y fiscal de los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema. Entre las modificaciones, establece que las postulaciones deberán difundirse obligatoriamente a través de la página oficial del Ministerio de Justicia y fija plazos específicos para la presentación y verificación de la documentación correspondiente.
En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá un período determinado para informar la situación impositiva de los aspirantes, mientras que los postulantes deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, conforme a lo previsto por la Ley de Ética Pública, dentro de un plazo máximo de cinco días. Según el Gobierno, estos cambios buscan unificar criterios administrativos y agilizar los procedimientos sin eliminar los controles previstos durante la instancia de tratamiento legislativo en el Senado.
Alerta en el ámbito judicial
La medida encendió señales de alerta entre organizaciones dedicadas a la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción, que aguardan conocer el texto definitivo antes de fijar posición.
El decreto se conoce además en medio de la ofensiva del Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia Nacional y Federal. Según datos oficiales, el Gobierno ya remitió más de cien pliegos al Senado y 74 obtuvieron acuerdo parlamentario, a la espera de la firma presidencial correspondiente.
La disputa por las vacantes en la Corte
Actualmente, la Corte Suprema funciona con apenas tres de los cinco integrantes previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Mientras Javier Milei había manifestado su intención de esperar hasta después de las elecciones de 2027 para impulsar nuevos nombramientos, sectores del oficialismo promueven avanzar antes con la cobertura de las vacantes.
En ese escenario, Juan Bautista Mahiques impulsa acelerar el debate, respaldado en antecedentes recientes del Senado, mientras que Ricardo Lorenzetti también habría acercado nombres para integrar el máximo tribunal.
La firma del DNU aparece así como el primer paso de una estrategia destinada a redefinir el mecanismo de selección y abrir una nueva etapa en la disputa por la futura composición de la Corte Suprema.
