Falsas denuncias: un informe oficial contradice el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas
El debate por el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por supuestas falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual infantil sumó un nuevo capítulo. Un informe del Consejo Federal de Política Criminal concluyó que ese tipo de delitos representan apenas el 0,09% de las investigaciones penales registradas en el país.
El documento relevó más de ocho millones de investigaciones penales tramitadas entre 2022 y 2024 en 17 jurisdicciones argentinas y descartó que exista un fenómeno criminal de magnitud que justifique una reforma punitiva específica.
El informe contradice el argumento central utilizado para defender el proyecto, que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Penales del Senado. Según el relevamiento, las causas por falsas denuncias equivalen a menos de una cada mil investigaciones penales.
Además, el organismo aclaró que una denuncia archivada, una absolución o una causa sin condena no implican automáticamente una falsa denuncia. Para que exista ese delito debe demostrarse una intención deliberada de mentir e imputar falsamente un crimen a otra persona.
El texto también remarcó que las pocas causas detectadas por falsas denuncias suelen estar vinculadas a conflictos patrimoniales, fraudes o estafas, y no a hechos de violencia de género o abuso sexual infantil.
Cuestionamientos al proyecto en medio de la crisis por violencia de género
La iniciativa de Losada también recibió críticas porque avanza en un contexto de fuerte aumento de la violencia machista y recorte de políticas públicas de protección.
Según datos de organizaciones feministas, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 90 femicidios en la Argentina. Al mismo tiempo, distintos sectores denuncian que el gobierno de Javier Milei desmanteló programas de asistencia, prevención y acompañamiento a víctimas de violencia de género.
Especialistas advirtieron que impulsar penas más duras contra quienes denuncian podría aumentar el miedo a acudir a la Justicia en un escenario donde las víctimas ya enfrentan enormes barreras institucionales y sociales.
Efecto disciplinador
El informe advirtió que avanzar con un endurecimiento de penas podría generar un efecto regresivo sobre el acceso a la Justicia, especialmente en delitos donde la subdenuncia continúa siendo elevada.
Especialistas señalan que las víctimas de violencia sexual o de género enfrentan obstáculos como el miedo, la dependencia económica, la vergüenza, la revictimización judicial y la exposición pública al momento de denunciar.
En ese contexto, distintos sectores consideran que instalar la idea de que una denuncia podría derivar en consecuencias penales para quien acusa funciona como un mecanismo de disciplinamiento y desaliento.
Denunciaron a Carolina Losada por intimidación
En paralelo, referentes feministas, académicas, organizaciones de derechos humanos y profesionales de salud mental denunciaron a Carolina Losada en la Justicia Federal.
La presentación sostiene que existe “un plan de coacción e intimidación” destinado a desalentar la atención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Entre las firmas aparecen referentes como Taty Almeida, Nelly Minyersky, Dora Barrancos, Carlos Rozanski y Diana Maffía, entre otros.
Los denunciantes advirtieron sobre un clima de presión hacia psicólogos, trabajadores sociales y profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil y violencia de género.
Un debate atravesado por la política y el feminismo
El documento del Consejo Federal de Política Criminal también vinculó el avance de este tipo de iniciativas con un contexto de reacción contra las políticas de género.
Según plantearon distintos especialistas, el discurso sobre las falsas denuncias reinstala viejos prejuicios sobre las víctimas y vuelve a poner bajo sospecha a mujeres y niños que denuncian situaciones de violencia.
Con cifras oficiales sobre la mesa, el informe concluyó que el problema estadísticamente relevante no son las denuncias inventadas, sino las dificultades que todavía enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia y sostener sus denuncias sin sufrir nuevas formas de revictimización.
