Femicidios en Argentina: denuncian la responsabilidad del Estado y alertan por el avance de la violencia machista
En argentina una mujer muere por cuestiones de género cada 44 horas. En el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos, el Observatorio Lucía Pérez presentó un informe que vuelve a poner el foco sobre la dimensión estructural de la violencia de género en Argentina. Bajo el título “Por qué el Estado es responsable de los femicidios”, el documento sostiene que las fallas institucionales, la falta de prevención y la impunidad judicial conforman un entramado que favorece la persistencia de estos crímenes.
Según los datos relevados por la organización, durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 95 femicidios y travesticidios, la misma cantidad de tentativas de femicidio, mientras que 66 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de estos hechos. Además, se contabilizaron 59 mujeres desaparecidas, 60 funcionarios denunciados por violencia de género, 97 movilizaciones por pedidos de justicia y cinco casos que continúan bajo investigación con sospechas de femicidio.
Desde el Observatorio remarcan que las cifras representan apenas una parte de una problemática mucho más compleja.
“Interpretar estos datos implica comprender cómo las fuerzas sociales, políticas y económicas terminan impactando sobre vidas concretas”, señala el informe, retomando conceptos desarrollados por la antropóloga mexicana Julia Monárrez, especialista en violencia feminicida.
El caso Agostina Vega y las críticas al sistema judicial
El documento dedica un apartado especial al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo caso generó conmoción nacional durante las últimas semanas.
Las autoras cuestionan el accionar de la Justicia provincial y apuntan particularmente contra las demoras registradas durante la búsqueda de la menor.
Según el informe, la aplicación tardía de protocolos de emergencia y los tiempos de la investigación reflejan falencias institucionales que exceden un expediente puntual.
La organización también cuestionó declaraciones realizadas por el fiscal Raúl Garzón luego del hallazgo del cuerpo, especialmente cuando afirmó que desde la fiscalía no tenían autocrítica sobre el procedimiento realizado.
Qué son los “femicidios territoriales”
Uno de los conceptos centrales desarrollados por el Observatorio es el de “femicidios territoriales”, una categoría utilizada para describir crímenes que no responden exclusivamente a relaciones de pareja o violencia intrafamiliar.
Según el análisis, estos casos aparecen vinculados a contextos donde confluyen narcotráfico, economías ilegales, corrupción institucional e impunidad estatal.
Las investigadoras sostienen que existen territorios donde determinadas estructuras criminales operan con niveles elevados de tolerancia o protección, generando condiciones que favorecen la violencia extrema contra mujeres y niñas.
Entre los casos citados figuran:
- El femicidio de Agostina Vega en Córdoba.
- El asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata.
- El caso de Cecilia Basaldúa en Córdoba.
- El crimen de Camila Nicole Bijinai en San Juan.
Para el Observatorio, todos estos expedientes muestran patrones comunes vinculados a demoras judiciales, irregularidades procesales o cuestionamientos sobre la actuación estatal.
La discusión sobre las estadísticas oficiales
El informe también cuestiona los criterios utilizados para contabilizar femicidios en las estadísticas oficiales.
Las autoras advierten que determinadas calificaciones judiciales pueden excluir casos de los registros nacionales, generando una subestimación del fenómeno.
Como ejemplo, mencionan investigaciones donde la figura de femicidio no fue incorporada inicialmente pese a la existencia de elementos que, según las organizaciones feministas, justificarían esa tipificación.
Argentina en el contexto regional
Tomando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Observatorio señala que Argentina mantiene desde hace años tasas de femicidio cercanas a un caso cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, cifras que se mantienen relativamente estables desde 2015.
Aunque los números resultan inferiores a los registrados en países como México, las autoras sostienen que la persistencia del fenómeno demuestra que las políticas implementadas hasta ahora no lograron revertir el problema de fondo.
“Todo femicidio es evitable”
El informe concluye con una fuerte definición política sobre el rol estatal frente a la violencia de género.
Para el Observatorio Lucía Pérez, la responsabilidad del Estado no se limita a la investigación posterior de los crímenes, sino también a la prevención, la protección de las víctimas y el funcionamiento adecuado de los sistemas de justicia y asistencia.
“Todo femicidio es evitable”, afirma el documento.
Y agrega que comprender estos crímenes exige analizarlos no solo desde las relaciones individuales de violencia, sino también desde las estructuras económicas, sociales y políticas que permiten su reproducción.
