El Gobierno descontará el día a los estatales en paro y abre diálogo universitario
El Gobierno nacional descontará el día de trabajo a todos los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves.
En paralelo con esta medida de fuerza, el Poder Ejecutivo busca abrir un canal de diálogo con las autoridades universitarias para encauzar el debate del Presupuesto 2027. La hoja de ruta de la Casa Rosada combina una línea inflexible frente a las protestas gremiales con la búsqueda de un entendimiento técnico en el Congreso de la Nación.
Paro nacional de ATE y marcha al Congreso
Desde ATE confirmaron que la huelga nacional se extenderá por 24 horas y estará acompañada por una concentración masiva frente al Congreso a partir de las 13.30. El reclamo central del gremio estatal apunta a lograr la derogación definitiva del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.
Las autoridades sindicales garantizaron la cobertura de guardias mínimas en centros de salud y la atención médica de urgencia durante toda la jornada. Sin embargo, se prevén complicaciones en dependencias clave como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC.
La medida gremial confluirá en las calles con la quinta Marcha Federal Universitaria y con el intento opositor de sesionar en la Cámara de Diputados. En las oficinas oficiales confían en desactivar el quórum de la sesión opositora mediante acuerdos con bloques aliados para bloquear el debate legislativo.
El debate por las partidas presupuestarias
En el terreno educativo, la administración central busca resolver el financiamiento de las casas de estudio superiores dentro del proyecto del Presupuesto 2027. La propuesta remitida al Poder Legislativo contempla una partida cercana a los $7,5 billones para el conjunto del sistema universitario nacional.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un piso de $11 billones, lo que marca una brecha presupuestaria cercana al 32%. Documentos elaborados por técnicos universitarios advierten que la pauta oficial resulta insuficiente para cubrir las exigencias de la Ley de Financiamiento Universitario.
Frente a este escenario, las conversaciones incorporaron el análisis del esquema de contribuciones patronales administrado por la ARCA. Las universidades cuentan con un régimen impositivo progresivo cuya alícuota pasará del 13,65% en 2026 al 14,52% durante el ejercicio 2027.
Cuestiones judiciales y la postura oficial
El conflicto mantiene además un canal abierto en los tribunales federales a partir de una medida dictada por el juez Martín Cormick. El magistrado declaró inconstitucional el punto del Decreto 759/2025 que condicionaba las partidas a la disponibilidad de recursos, fallo que fue apelado por la Nación.
Desde el Ministerio de Capital Humano recuerdan que en junio se otorgó un incremento del 24,33% a la masa salarial y un 20% para gastos operativos. Ese paquete incluyó además una partida especial de $50.000 millones para centros de salud universitarios y una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano.
Posteriormente, en el mes de septiembre, las autoridades de la cartera educativa sumaron una mejora salarial complementaria del 3%. Pese a esos antecedentes, representantes gremiales de docentes y no docentes mantuvieron reuniones con legisladores para ratificar que la brecha real roza el 30%.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, remarcó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y exigió que las manifestaciones callejeras se desarrollen de manera pacífica. El funcionario advirtió además que el Estado nacional no apelará a la emisión ni a la colocación de deuda para financiar los reclamos del sector.
