La Justicia multó al Gobierno y denunciaron penalmente a Milei y Caputo por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto por los fondos destinados a las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia dispuso una sanción económica diaria contra el Gobierno nacional por no cumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, en una decisión que vuelve a poner el foco sobre la aplicación de la norma.
La resolución apunta al incumplimiento de una orden judicial relacionada con el financiamiento universitario. En paralelo, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados penalmente por presuntamente incumplir la ley, según la información difundida el día de hoy.
Una sanción de $100.000 por día
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick estableció una multa de 100.000 pesos diarios para el titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento verificado de la medida cautelar. La sanción alcanza la falta de actualización de los salarios universitarios y de garantía de los fondos para becas.
La decisión se tomó luego de que vencieran los plazos otorgados al Estado nacional para cumplir con la orden judicial. El magistrado advirtió que el monto podrá modificarse y que también podrán cambiar los funcionarios alcanzados por las sanciones.
La medida cautelar continúa vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal. Aunque el Gobierno apeló el fallo que declaró inconstitucional una disposición del decreto 759/2025, esa presentación no dejó sin efecto la obligación de cumplir con la orden judicial.
Gabriel Solano denunció a Milei y Caputo
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación apunta a posibles delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Solano solicitó que se investigue a ambos funcionarios y a cualquier otro agente estatal que pudiera haber intervenido en los hechos denunciados.
El dirigente sostuvo que el Gobierno desconoce las resoluciones judiciales que ordenan aplicar la normativa. La denuncia se vincula con la medida cautelar que exige actualizar los salarios del personal docente y no docente y recomponer los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El planteo judicial también cuestiona el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la ley y suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa disposición y ordenó cumplir con la norma.
De esta manera, el incumplimiento de la legislación universitaria quedó bajo dos frentes judiciales: por un lado, la aplicación de multas diarias ante la falta de acatamiento de la cautelar y, por otro, la denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía.
