Ley de Etiquetado Frontal: Los motivos del Gobierno para exigir su derogación en el Senado
La Casa Rosada dio un paso decisivo en su agenda, al remitir al Senado de la Nación un proyecto de ley enfocado en la derogación total de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. El documento ingresó formalmente a la Cámara alta con el respaldo y las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones, solicitando de carácter urgente una respuesta.
El fundamento central de la propuesta sostiene que la reglamentación actual, estructurada en base a las métricas de la Organización Panamericana de la Salud, demostró “severas fallas operativas y distorsiones económicas” desde su aprobación, lo que obligaría a reconfigurar por completo el sistema informativo alimenticio.
Desmantelamiento y fin de las restricciones
Una vez que la norma obtenga la sanción correspondiente y sea publicada en el Boletín Oficial, se desactivará la obligatoriedad de imprimir o adherir los sellos negros en el frente de los envases.
Del mismo modo, quedarán inmediatamente sin efecto todas las regulaciones asociadas, lo que permitirá el regreso de personajes, mascotas y celebridades a las cajas y envoltorios, además de levantar el cepo publicitario y las restricciones de comercialización dentro de los entornos educativos.
Los argumentos del oficialismo contra el sistema de advertencias
El Gobierno argumenta que el sistema actual simplifica la información al extremo y desorienta al público. Al aplicar la misma vara, se oculta la densidad nutricional del producto y se ignora la porción real que se consume. La consecuencia, son distorsiones donde alimentos esenciales y saludables de la dieta diaria terminan cargando con las mismas penalizaciones gráficas que los productos ultra procesados.
Al no existir escalas intermedias, las empresas carecen de estímulos para reducir paulatinamente los niveles de sodio, azúcares o grasas en sus cadenas de producción, ya que cualquier modificación menor de los componentes sigue quedando bajo el mismo octógono negro.
El impacto en las pequeñas industrias
Otro de los pilares del reclamo parlamentario radica en la falta de sintonía con las regulaciones de los países vecinos. Al no estar armonizado el etiquetado a nivel regional, se generan severas asimetrías dentro del Mercosur que obligan a las plantas industriales a costear líneas de empaque diferenciadas exclusivamente para el mercado local.
Esta carga financiera golpea de manera desproporcionada a las Pequeñas y Medianas Empresas, erosionando su competitividad y promoviendo un escenario de concentración de mercado en favor de las grandes multinacionales.
El proyecto critica la rigidez del andamiaje legal actual, cuestionando que criterios netamente metodológicos hayan sido fijados por ley en lugar de dejarse bajo la órbita de resoluciones técnicas dinámicas. El oficialismo sostiene que este diseño impide que el sistema se acople ágilmente a las Guías Alimentarias para la Población Argentina o a los nuevos consensos de la comunidad científica internacional.
La iniciativa gubernamental remarca explícitamente que la eliminación de los sellos frontales no implica un apagón informativo sobre los componentes de la comida. Las tablas nutricionales tradicionales del dorso continuarán bajo el estricto control del Código Alimentario Argentino y las resoluciones vigentes del Mercosur.
El trasfondo político
La avanzada sobre el etiquetado frontal no funciona de manera aislada, sino que se inscribe dentro de una fuerte contraofensiva parlamentaria desplegada por la mesa política de la Casa Rosada. En una jornada atravesada por marcadas deliberaciones internas entre las principales figuras de La Libertad Avanza y sus aliados clave, el Poder Ejecutivo resolvió acelerar simultáneamente un paquete de cuatro reformas de alto impacto.
Este bloque de iniciativas estratégicas distribuye sus prioridades entre ambas cámaras antes del receso invernal. Mientras que la derogación alimentaria y la ley de prevención de la ludopatía juvenil ingresaron a través del Senado, la Cámara de Diputados recibió el proyecto de “Ley de Lobby” y el ambicioso “Súper RIGI”, que busca atraer capitales superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores de tecnología de vanguardia. Con esta maniobra, el oficialismo busca concentrar la atención en la gestión de reformas estructurales y garantizar un ritmo legislativo constante.
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