Diputados avanzó con el dictamen que limita la extranjerización de tierras: cuándo se vota en el recinto
Con el objetivo de evitar que la oposición alcance el quórum necesario para derogar la ley de tierras o el mega DNU 70/23, La Libertad Avanza acordó con los bloques aliados restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros. La medida logró dictamen favorable y se encamina a ser debatida en el recinto durante la sesión convocada para el próximo 21 de octubre.
El acuerdo se selló en un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, apenas 24 horas antes de la sesión impulsada por la oposición para intentar hacer caer el decreto desregulador que firmó el presidente Javier Milei al inicio de su mandato. Desde las filas libertarias reconocieron que la estrategia busca ofrecerle una salida política a aquellos sectores aliados que rechazan la extranjerización de la tierra, pero que al mismo tiempo consideran riesgoso derogar por completo una norma que desreguló el mercado de alquileres, el transporte, las prepagas y el sector comercial.
Un referente de La Libertad Avanza en la cámara baja graficó la urgencia de la negociación al señalar que los límites a la venta de tierra podían generar consenso, mientras que eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo institucional severo debido a la incertidumbre administrativa y procesal que desencadenaría. En esa línea, el oficialismo decidió asimilar el golpe antes que arriesgar el corazón de su reforma económica.
Qué establece la restitución de la Ley de Tierras
La reposición de la normativa se introdujo dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Fue el diputado de la Unión Cívica Radical, Diógenes González, quien propuso formalmente incluir dos nuevos artículos al dictamen: uno para dejar sin efecto el artículo 134 del DNU 70, y otro para restituir la plena vigencia de la Ley 26.737, sancionada originalmente en diciembre de 2011. Esta decisión legislativa va en sintonía con un reciente fallo de la Corte Suprema, que ya había suspendido temporalmente la derogación mediante una medida cautelar.
Con esta marcha atrás, volverá a regir el esquema que establece que ninguna persona física o jurídica extranjera puede ser titular de más del 15 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o departamental. A su vez, se reinstala la prohibición de que individuos de una misma nacionalidad concentren más del 30 por ciento de ese cupo habilitado. La normativa también restablece los estrictos impedimentos para adquirir propiedades que contengan cuerpos de agua relevantes o que estén ubicadas en zonas consideradas de seguridad de frontera.
Las críticas opositoras y el futuro del proyecto en el Senado
El cambio de postura del partido gobernante no pasó desapercibido en los bloques de la oposición más dura. La diputada peronista Paula Penacca cuestionó con dureza la maniobra, tildándola de “manotazo de ahogado” ante la inminencia de la sesión contra el decreto. La legisladora remarcó la contradicción de los libertarios al firmar un dictamen que va en contra del texto original rubricado por el propio Presidente, señalando con ironía que el oficialismo terminó reponiendo una ley impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que enmarca esta restitución ya contaba con media sanción del Senado desde principios de agosto. El texto abarca, además del freno a la venta a extranjeros, nuevas restricciones para justificar expropiaciones estatales, modificaciones en los pagos por lucro cesante y mecanismos expeditivos para la restitución de inmuebles ocupados y desalojos por falta de pago. Al haber sufrido alteraciones en la redacción durante su paso por Diputados, la iniciativa deberá regresar inevitablemente a la Cámara Alta para su aprobación definitiva tras el debate previsto para el 21 de octubre.
