“No fue un tiroteo, porque los pibes no pudieron defenderse”: la defensa de la familia de los ladrones abatidos por policías
El violento intento de robo que terminó con un tiroteo y tres delincuentes muertos y un cuarto herido a manos de una pareja de policías de civil en el partido de La Matanza desató una fuerte polémica. Mientras la Justicia ratificó que los efectivos actuaron bajo legítima defensa, las familias de los fallecidos salieron a cuestionar el accionar policial y generaron indignación al señalar que los asaltantes portaban armas de juguete.
El dramático tiroteo ocurrió cerca de la medianoche del viernes sobre la calle Sudamérica al 2400, en la localidad de Rafael Castillo. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto en el que un Renault Sandero negro interceptó el Volkswagen Fox gris en el que circulaban los dos oficiales de la Policía de la Ciudad, de 25 y 21 años, quienes se encontraban franco de servicio.
Cinco delincuentes bajaron armados del vehículo y rodearon el automóvil de las víctimas con intenciones de robo. Ante la amenaza inminente, los efectivos desenfundaron sus armas reglamentarias y repelieron la agresión, desencadenando un tiroteo que dejó un saldo fatal para la banda delictiva.
Prontuario, colectas y pedidos de ayuda en redes sociales
Tres de los asaltantes perdieron la vida como consecuencia del tiroteo. Dos de ellos, identificados como Kevin Martínez (18) y Walter Ponce (22), murieron en el acto junto a la puerta del conductor del vehículo. El tercero, Rodrigo Vargas (22), fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado.
Lejos de mantenerse en el anonimato, las familias de los jóvenes utilizaron las redes sociales para despedirlos y apelar a la solidaridad pública. En el caso de Kevin Martínez, sus allegados compartieron una fotografía editada con alas de ángel y abrieron una cuenta con un alias para recaudar fondos destinados a cubrir los costos del sepelio.
La situación puso en evidencia historias marcadas por la marginalidad y el delito temprano. Según confirmaron fuentes judiciales, Kevin Martínez (quien vivía en Morón), acumulaba cuatro antecedentes penales por robo agravado cometidos cuando era menor de edad, además de estar imputado por portación de armas y lesiones. Por su parte, Ponce y Vargas también contaban con un historial de robos agravados.
En tanto, un cuarto integrante de la banda, un adolescente de 17 años identificado como T.N.G., recibió un disparo en la espalda y permanece internado con diagnóstico reservado en el Hospital Simplemente Evita, bajo custodia policial y a la espera de su evolución. El quinto sospechoso, el conductor del Renault Sandero, logró escapar del lugar y continúa prófugo, aunque el vehículo fue hallado a los pocos kilómetros con pedido de captura.
La polémica defensa de las familias: “Tenían armas de juguete”
Tras conocerse la noticia, los familiares de los delincuentes abatidos cuestionaron duramente el procedimiento y la respuesta de los uniformados, instalando un debate que generó profundo rechazo en la sociedad.
Natalia, la madre de Kevin Martínez, dialogó con medios periodísticos y desató la controversia al minimizar la peligrosidad del ataque bajo el argumento de que la banda no portaba armas de fuego reales. “Los están tratando como perros y tenían armas de juguete”, reclamó, exigiendo que las autoridades muestren las evidencias balísticas.
Asimismo, la mujer aseguró que el episodio no constituyó un enfrentamiento armado legítimo: “No fue un tiroteo, porque los pibes no pudieron defenderse”, argumentando además que los policías deberían haberles disparado en las extremidades inferiores en lugar de neutralizarlos al cuerpo.
En la misma línea, amigos y parejas de los fallecidos se expresaron en las redes sociales lamentando las pérdidas, culpando al entorno y asegurando que las muertes se podrían haber evitado, en un intento por desvincular la responsabilidad de los jóvenes sobre el camino delictivo que habían elegido transitar.
La respuesta de la Justicia y el análisis de la escena
Frente a los cuestionamientos familiares, la investigación judicial avanzó con rapidez para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Claudio Fornaro, ordenó el secuestro de todas las armas involucradas en el tiroteo, tanto las reglamentarias de los policías como los elementos que portaban los asaltantes. Los peritajes balísticos confirmaron el hallazgo de nueve vainas servidas calibre 9 milímetros, proyectiles de plomo, un revólver calibre 22 y una réplica.
Tras analizar las pruebas recolectadas, los videos de las cámaras de seguridad y la dinámica de la emboscada, la Justicia confirmó que no se tomará ninguna medida legal contra los dos policías. Para los investigadores, los efectivos fueron Víctimas de una emboscada nocturna, sorpresiva y violenta, por lo que actuaron estrictamente amparados bajo la figura legal de legítima defensa para salvaguardar sus vidas.
El expediente principal continuó su curso en la órbita penal, mientras que las derivaciones sobre el menor herido pasaron a manos del fiscal de menores Marcelo Germinario, cerrando por el momento un episodio que volvió a poner en primer plano los riesgos de la inseguridad urbana y el debate sobre los límites en la respuesta ciudadana y policial ante el delito.
