Demandó a una clínica porque le perforaron el intestino, pero la Justicia vio un dato clave
Un hombre de 59 años vivió una auténtica pesadilla médica tras someterse a un estudio de control que derivó en una mala praxis y gravísimas complicaciones de salud. Tras sufrir la perforación de su intestino durante una colonoscopía, el paciente decidió demandar a la clínica justamente, por mala praxis, pero se encontró con un inesperado y contundente revés judicial que lo obligará, además, a pagar las costas del proceso. El caso sentó un fuerte precedente sobre la responsabilidad profesional en intervenciones médicas donde existen riesgos preestablecidos e informados al paciente.
El dramático caso que llegó a la Justicia
El calvario de la víctima comenzó en noviembre de 2014, cuando ingresó a un sanatorio privado durante la mañana para realizarse una videocolonoscopía preventiva. El objetivo médico principal de la intervención era extraer dos pólipos mediante un procedimiento conocido como polipectomía.
La práctica finalizó cerca del mediodía y el hombre recibió el alta médica para regresar a su domicilio. Sin embargo, apenas unas horas después de abandonar el establecimiento, debió volver de urgencia a la guardia presentando fiebre alta, extrema palidez y fuertes dolores abdominales.
Los especialistas resolvieron realizarle una cirugía devurgencia, donde descubrieron que había sufrido perforaciones y quemaduras en el intestino. Esta seria complicación provocó una infección abdominal que requirió la colocación de sondas y dio inicio a un larguísimo proceso de recuperación que incluyó múltiples operaciones reconstructivas durante casi un año.
Los argumentos del polémico fallo judicial
Tras recuperar su calidad de vida, el paciente inició una demanda civil contra los responsables de la atención médica. En su presentación legal, sostuvo que la lesión sufrida no fue una simple consecuencia inevitable del estudio, sino el resultado directo de una actuación profesional negligente y deficiente por parte del equipo.
No obstante, el expediente tramitado en la Justicia Civil y Comercial de San Nicolás dio un giro drástico cuando se presentó la pericia médica oficial. El especialista designado por el juzgado explicó que el sangrado y la perforación intestinal figuran explícitamente entre los “riesgos conocidos de la práctica médica” en este tipo de procedimientos invasivos.
Además, el expediente comprobó de manera irrefutable que el paciente había sido debidamente notificado e informado sobre estos posibles riesgos antes de ingresar al quirófano a través del consentimiento informado. Basándose en estas pruebas, el juez de primera instancia concluyó que no existió error profesional ni defecto técnico en los equipos, rechazando de plano el reclamo indemnizatorio.
El rechazo definitivo de la Cámara de Apelación
Inconforme con la resolución inicial, el hombre apeló la sentencia argumentando que la gravedad de su cuadro clínico no podía minimizarse como una simple “complicación propia” del procedimiento.
A pesar de sus reclamos, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás ratificó el fallo en todas sus partes. El tribunal destacó que la pericia oficial fue contundente y que la defensa del demandante no logró presentar argumentos científicos sólidos capaces de rebatir que la perforación puede ocurrir incluso cuando el estudio se realiza de forma técnicamente impecable.
Finalmente, los jueces declararon desierto el recurso, confirmaron el rechazo de la demanda por mala praxis y determinaron que el paciente deberá hacerse cargo de todos los gastos económicos generados durante el juicio. El tribunal enfatizó que una complicación conocida no implica, por sí misma, que exista responsabilidad profesional sin pruebas concretas de impericia o negligencia médica.
