Presupuesto universitario 2027: el Gobierno asignó $7,3 billones y los rectores reclaman $11 billones
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo con la discusión del Presupuesto 2027. El Ejecutivo incluyó en el proyecto enviado al Congreso una partida de $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento de las 60 universidades públicas durante el próximo año.
La diferencia es de aproximadamente $3,7 billones, es decir, cerca de un 34% respecto del monto solicitado por los rectores. El reclamo universitario incorpora, además de los gastos de funcionamiento, los recursos que el CIN considera necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La disputa no se limita al monto final. Gobierno y rectores tienen diferencias sobre cómo deben calcularse las partidas y qué componentes deben incorporarse al presupuesto del próximo año.
Qué reclaman las universidades para 2027
El CIN aprobó su propuesta de presupuesto universitario en septiembre y estableció en $11 billones la suma que considera necesaria para el sistema universitario nacional. La propuesta fue presentada ante diputados y senadores para que sea considerada durante el debate del Presupuesto 2027.
El cálculo contempla los recursos destinados a salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios, entre otras actividades.
Según explicó el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, la propuesta busca contemplar también la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del Gobierno no”, sostuvo Bartolacci, según la información difundida por el CIN.
Desde la perspectiva de los rectores, el presupuesto debería contemplar tanto los recursos correspondientes al funcionamiento futuro como la actualización de las partidas derivada de la normativa vigente.
El Gobierno cuestiona los números de los rectores
Desde el Ejecutivo sostienen una interpretación diferente. Según los argumentos oficiales citados en la discusión presupuestaria, el cálculo de $11 billones presentado por las universidades incluiría componentes que el Gobierno considera que no corresponden incorporar de la misma manera.
El oficialismo plantea que el presupuesto contempla los recursos vinculados con la actualización prevista y cuestiona la forma en que los rectores calculan el monto necesario para 2027.
Además, desde el Gobierno señalaron que existe una diferencia respecto del alcance de las decisiones judiciales relacionadas con la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese punto, la discusión gira alrededor de la cautelar dictada por el juez Martín Cormick, que ordenó al Ejecutivo cumplir determinados artículos de la Ley 27.795 vinculados con salarios y becas.
La pelea también se juega en la Justicia
El conflicto entre las universidades y el Gobierno también tiene un capítulo judicial.
Los rectores sostienen que el Ejecutivo no está cumpliendo de manera plena con la normativa y reclaman que avance la causa de fondo iniciada contra la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la ley.
El CIN también cuestiona las demoras en la implementación de la cautelar y reclama que se efectivicen las actualizaciones correspondientes.
En junio, el propio CIN informó que el acuerdo paritario contempló un incremento de la masa salarial del 24,33%, compuesto por un 21,33% en junio y otro 3% en octubre. También se estableció un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento. Sin embargo, el Consejo sostuvo que esas medidas no resultaban suficientes para resolver el problema estructural y reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
Bartolacci advirtió por el inicio del ciclo lectivo
En medio de la disputa por las partidas, Bartolacci alertó sobre las consecuencias que podría tener para las universidades la aprobación del presupuesto tal como fue enviado por el Ejecutivo.
“Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, sostuvo el titular del CIN.
El organismo ya había advertido oficialmente que considera necesario contar con un presupuesto que permita garantizar previsibilidad y funcionamiento del sistema universitario durante 2027.
Una discusión que ahora llega al Congreso
La propuesta de los rectores fue presentada ante legisladores de ambas cámaras, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. El objetivo del CIN es que los diputados y senadores incorporen modificaciones durante el tratamiento parlamentario.
Así, la diferencia entre los $7,3 billones contemplados por el Gobierno y los $11 billones solicitados por las universidades se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del debate presupuestario.
Mientras el Ejecutivo sostiene que los recursos para garantizar el funcionamiento universitario están contemplados, los rectores reclaman una partida mayor y la aplicación integral de la legislación vigente.
El conflicto, que ya tuvo protestas, reclamos judiciales y cruces entre funcionarios y autoridades universitarias, tendrá ahora un nuevo escenario en el Congreso, donde se discutirá el Presupuesto 2027.
