Emiliano Yacobitti apuntó contra el Gobierno por los incidentes en el Congreso: “Nadie está por encima de la ley”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió al cruce de las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y desligó a la comunidad educativa de los violentos incidentes registrados frente al Congreso. En medio de la tensión por las 31 detenciones que dejó la quinta Marcha Federal Universitaria, el dirigente repudió los destrozos, pero le exigió al presidente Javier Milei la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
El cruce en redes sociales y el mensaje al Gobierno
La polémica institucional se desató luego de que la titular de la cartera de Seguridad publicara en sus redes sociales un video exponiendo los destrozos ocasionados durante la desconcentración de la marcha. En su mensaje, Monteoliva había advertido que el derecho a manifestarse no funciona como un permiso para ejercer la violencia y había remarcado que “nadie está por encima de la ley”.
La respuesta de la máxima autoridad de la UBA no tardó en llegar y apuntó directamente contra la figura presidencial. Emiliano Yacobitti coincidió en que ninguna persona está por encima de las normativas vigentes, pero utilizó esa misma premisa para reclamarle al jefe de Estado que acate la voluntad del Poder Legislativo. Según expuso el vicerrector, el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada recientemente, la cual garantiza los fondos operativos para el sistema de educación superior.
Respecto a los graves disturbios, el referente universitario fue tajante al despegar a los estudiantes de los enfrentamientos con la policía. Aseguró que los violentos no forman parte del ecosistema universitario, que representan una minoría absoluta frente al masivo acatamiento de la convocatoria y que las fuerzas de seguridad deberían tener la capacidad operativa para identificarlos de manera individual.
La denuncia sobre el accionar policial y los gases lacrimógenos
En posteriores declaraciones televisivas, Emiliano Yacobitti profundizó su postura y cuestionó la eficiencia del operativo de contención desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Destacó que la jornada representó una movilización ciudadana genuina e histórica, con columnas que se extendieron por más de veinte cuadras sobre la avenida Corrientes y que logró reunir a cientos de miles de personas en favor de la educación pública.
Explicó que el acto oficial pudo desarrollarse por completo y con total normalidad, pero que debieron retirarse apresuradamente debido a que los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas federales comenzaron a afectar gravemente a los estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes que se encontraban en las primeras filas de la plaza.
En ese sentido, lamentó que la incapacidad de los efectivos policiales para aislar a los verdaderos agresores terminara perjudicando a quienes se manifestaban de forma pacífica. Exigió que el Gobierno utilice la enorme red de cámaras de seguridad instaladas en la Ciudad de Buenos Aires para individualizar a quienes arrojaron piedras y que les caiga todo el peso de la ley, trazando un paralelismo directo con la responsabilidad del Presidente de acatar el marco legal vigente.
El impacto político de los incidentes y el reclamo de fondo
Para las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, la excesiva mediatización de los incidentes funciona como una estrategia política deliberada para deslegitimar el masivo reclamo por el presupuesto. Emiliano Yacobitti advirtió que focalizar el debate público en un grupo minúsculo que fue a tirar piedras al Congreso termina siéndole funcional a los sectores del oficialismo que buscan desfinanciar a las instituciones públicas.
Emiliano Yacobitti remarcó que esta fue la quinta movilización masiva del sector universitario a lo largo del año y que el historial general demuestra el carácter profundamente pacífico de los estudiantes. Finalmente, cerró su análisis con una dura reflexión sobre el ejemplo institucional que brinda la Casa Rosada frente a la crisis educativa, argumentando que si la persona con mayor cuota de poder del país decide deliberadamente no cumplir una ley sancionada, queda un margen político y moral muy estrecho para exigirle un comportamiento ejemplar al resto de la sociedad civil.
