El Gobierno impulsa cambios en el sistema financiero y amplía las opciones para acceder al crédito
El Poder Ejecutivo busca modificar las condiciones de funcionamiento del sistema financiero argentino mediante una serie de cambios regulatorios que apuntan a ampliar las herramientas disponibles para empresas e inversores. La iniciativa también contempla una mayor digitalización de las operaciones y una revisión de las atribuciones de los organismos de control.
El Gobierno nacional envió ayer al Congreso la denominada Ley de Competitividad Financiera, un proyecto de 240 artículos que había sido anunciado por el presidente Javier Milei el 30 de julio pasado. La propuesta ingresó por la Cámara de Diputados con el objetivo de flexibilizar las normas del mercado de capitales, ampliar las garantías para obtener préstamos y modificar parte de la legislación tributaria.
El texto fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que busca eliminar restricciones que dificultan el desarrollo de actividades económicas, promover la competencia y fortalecer la seguridad jurídica y la libertad económica.
Uno de los principales ejes es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales. El proyecto habilita que los valores negociables puedan emitirse, almacenarse, transferirse y comercializarse mediante tecnologías de registros distribuidos, como blockchain.
Además, establece que esos instrumentos no necesitarán estar depositados en un agente depositario central ni negociarse obligatoriamente en mercados autorizados, aunque deberán cumplir con la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La iniciativa también crea la categoría de Otros Ámbitos de Negociación Autorizados, que permitirá incorporar plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas basados en registros distribuidos operados por proveedores de servicios de activos virtuales habilitados por la CNV.
En cuanto a las responsabilidades de los organismos, el Banco Central conservará sus atribuciones sobre los sistemas de pago, liquidación y compensación cuando intervengan monedas nacionales o extranjeras. La CNV tendrá competencia sobre la emisión, el registro y la negociación de valores tokenizados.
Otro capítulo importante contempla modificaciones en el régimen de letras de cambio y pagarés. La propuesta permitirá incorporar cláusulas de actualización, indexación o adecuación de valor basadas en índices públicos o unidades de medida reconocidas.
También se habilitará que los pagarés puedan establecer la entrega de bienes fungibles, como productos agrarios, minerales e insumos industriales, siempre que se detallen las condiciones correspondientes.
En materia de garantías, el proyecto amplía los bienes que podrán utilizarse como respaldo de préstamos. Entre ellos incorpora activos virtuales, propiedad intelectual, participaciones societarias y derechos de crédito. A su vez, propone una prenda flotante sobre inventarios, fondos de comercio, ingresos futuros y saldos en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago.
Para organizar ese esquema, se creará el Sistema Federal de Registro de Garantías, una red digital que permitirá compartir información sobre gravámenes entre entidades públicas y privadas. El Banco Central será la autoridad de aplicación y las consultas sobre garantías deberán ser públicas y gratuitas.
La reforma también incluye modificaciones para las pequeñas y medianas empresas. En particular, extiende de 15 a 21 días el plazo para la aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. Además, establece que los errores, defectos o la inexistencia del remito no podrán invalidar por sí solos la posibilidad de ejecutar ese instrumento.
El paquete contempla títulos electrónicos para créditos de comercios por ventas con tarjeta y habilita la negociación de certificados de plazo fijo de al menos 365 días en mercados registrados. También actualiza el régimen de warrants y abre la posibilidad de que los fondos comunes de inversión incorporen activos virtuales, de acuerdo con las condiciones que establezca la CNV.
Por último, el proyecto introduce cambios impositivos para determinados certificados de depósito representativos de acciones y otros valores negociables adquiridos desde el 31 de octubre de 2026.
La iniciativa establece que la ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Para el nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías, en tanto, el Banco Central tendrá 180 días desde la promulgación para dictar las normas técnicas y el sistema deberá estar operativo dentro de los 360 días.
