Petro, bajo investigación por los “sexocontratos”: qué dice la mujer que lo acusa y cómo se defiende
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó en el centro de un escándalo político y mediático por las acusaciones de Deicy Jiménez, una mujer que afirma que consiguió contratos con el Estado gracias a que tuvo relaciones sexuales con él. El caso, bautizado por la prensa colombiana como los “sexocontratos”, se desató el 25 de octubre.
Ese día, Jiménez, hasta entonces desconocida para la opinión pública, dio una entrevista de 22 minutos a la periodista Vicky Dávila, directora de Revista Semana, exprecandidata presidencial y opositora a Petro. Allí aseguró que tuvo una relación romántica con él y que fue contratada por varias entidades del Estado antes y durante su presidencia. Por su testimonio y un video, ya se abrieron indagaciones en varias instancias judiciales.
Jiménez afirmó que no es la única y habló de una red de “entre 30 y 40 mujeres” que se habrían beneficiado de contratos y puestos en el Estado a cambio de “acompañar” al expresidente en “fiestas sexuales”. Por ahora, no se conocen testimonios de otras mujeres ni pruebas de que se tratara de una red.
Según su relato, conoció a Petro a través de una plataforma de modelaje webcam, donde él “apareció como un cliente más” con un seudónimo, hasta que encendió su cámara y ella lo reconoció. Al cabo de un mes se encontraron en un hotel de Cali y empezó la relación. Poco después ella se mudó a Bogotá y habría comenzado a beneficiarse de contratos, sin aclarar si fue antes o después de sus interacciones sexuales.
Sus declaraciones llegaron días después de una denuncia en el Congreso de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) e integrante del círculo cercano del presidente Abelardo de la Espriella. Ríos habló de “48 mujeres” que Petro tenía en la Presidencia y que, según dijo, “instrumentalizaba” a través de OPS, los contratos de prestación de servicios.
En reacción, el abogado de Petro acusó a Ríos ante la Fiscalía de montar un entramado para fabricar testimonios de mujeres en contra del expresidente. Previamente, Angie Rodríguez, quien fue directora del DAPRE durante el gobierno de Petro, también había hablado de una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño. Sobre ella, Petro dijo que es una persona sicótica.
En el Secop II, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, constan 10 contratos de prestación de servicios firmados por Jiménez con tres entidades del Estado entre 2021 y 2026. Suman 126.544.432 pesos colombianos, unos US$38.000 actuales. Algunos detalles de su testimonio coinciden con esos registros y otros no: ella dice que empezó a trabajar en el Senado en 2019, pero el primer contrato está fechado el 29 de julio de 2021.
Entre 2018 y 2022, Petro era senador. Jiménez aseguró que en el Senado no trabajaba directamente con él, sino con la senadora Maria José Pizarro, copartidaria y aliada cercana del expresidente. Luego tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y con el Ministerio del Interior, ambas parte de la Rama Ejecutiva, mientras Petro era presidente.
El último contrato registrado se firmó el 21 de enero de este año y aún estaría en ejecución, con pagos mensuales de 2.648.443 pesos colombianos (US$800) durante 2026. No se ha aclarado si Jiménez sigue recibiendo dinero del Estado.
Los detalles conocidos de la supuesta relación provienen de dos videos: uno publicado por la propia Jiménez en Instagram, “como prueba de que estoy diciendo la verdad”, y otro difundido por la periodista D’Arcy Quinn. El primero muestra supuestamente a Petro y Jiménez en una habitación. El segundo es una grabación de pantalla de una supuesta videollamada, en la que Petro, bajo seudónimo, escribe por chat: “Estás linda. Párate”. BBC News Mundo no pudo verificar los videos ni los chats de forma independiente.
Petro negó las acusaciones y pidió respeto por su intimidad. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, señaló en un comunicado en X. No niega la relación, y más recientemente afirmó que nunca se encontró con Jiménez siendo presidente: “¿Un video de hace aproximadamente ocho años es prueba?”, preguntó.
El expresidente asegura que se trata de una operación lanzada por el gobierno de De la Espriella e insinúa que a Jiménez se le pagó por sus declaraciones. Su partido, el Pacto Histórico, se ha hecho eco de esa narrativa. Este lunes, citando un fragmento de la videollamada, Petro escribió en X: “Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales”.
Pizarro, exsenadora, reconoció que Jiménez trabajó en el Senado mientras ella era vicepresidenta, pero dijo que nunca supo de una relación íntima con Petro y reiteró no haber intercambiado contratos por “favores de ninguna naturaleza”. Por su parte, el excandidato presidencial Iván Cepeda señaló en el podcast El Reporte Coronell que el partido examinará los comportamientos de Petro que salieron a la luz. “Pero tampoco vamos a ceder a lo que quieren imponernos y es a lapidar nuestro gobierno”, agregó.
Por el escándalo ya se adelantan investigaciones en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. Jiménez entregó su celular a la Fiscalía, que le hizo una inspección forense durante varias horas, y se espera que este viernes rinda declaraciones ante esa entidad. Además, el magistrado Carlos Roberto Solórzano ordenó inspeccionar los contratos que ella tuvo en el Senado.
Los hechos anteriores a la presidencia de Petro pueden ser investigados penalmente por la Fiscalía y la Corte Suprema. Lo ocurrido durante su mandato le compete a la Comisión de Acusaciones, compuesta por congresistas y conocida porque no suele avanzar en las investigaciones. Aun así, dos congresistas del partido de gobierno Salvación Nacional denunciaron a Petro ante esa comisión por posible “indignidad por mala conducta”.
