Rolando Graña cruzó a Milei por los datos de empleo y advirtió sobre la extranjerización del país
Así como se destruyen empresas, se crean empresas. Usted lo que tiene que fijarse es si la cantidad de empleo sube o baja. Muchas de las empresas que cierran son de una sola persona y después se crean otras. De repente podría estar cerrando diez empresas de una persona y abriendo una empresa de diez personas: la cantidad de empleo es la misma, pero en términos de empresas se perdieron nueve.
Esta es una de las tantas cosas que hay que aclarar cuando uno escucha las declaraciones del presidente Javier Milei. Las cifras oficiales que se miden a través del sistema integrado de la ANSES hablan de una destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo en blanco y de unas 24.000 empresas. No son empresas chiquititas; la propia Unión Industrial Argentina habla de una caída muy importante en el número de firmas medianas y grandes. Sino, ¿qué otra cosa es el cierre de Fate o el cierre de Peabody? Es muy agotador andar explicando que nada menos que el presidente está mintiendo en declaraciones públicas a los argentinos, pero es lo que hay.
Si este no fuera un país tan particular, lo que ocurre en el Poder Ejecutivo sería un abierto conflicto de poderes. La vicepresidenta Victoria Villarruel está aislada y marginada desde el comienzo de la gestión, pero el choque fue escalando hasta un nivel insólito: el jefe de Gabinete le pide la renuncia a la vicepresidenta, mientras ella expresa preocupación por el estado de salud mental del mandatario. Esto se dio luego de que Milei retuiteara publicaciones de Lilia Lemoine que hablaban de conspiraciones castrochavistas y pactos de Hollywood con los soviéticos. El problema no es lo que diga Lemoine, sino que el presidente valide semejantes disparates.
En el medio, la conducción de la CGT muestra una postura incomprensible. En pleno huracán de medidas contra los trabajadores, los tres co-secretarios creyeron que con diálogo y el aval de una justicia laboral que terminó fallando en su contra iban a frenar la reforma. Dialogaron y dialogaron, el Gobierno sacó la ley que quería y recién ahora anuncian que se suman a la lucha y a la marcha contra la Ley de Tierras. Pareciera que antes de decidir una huelga general se ponen a mirar encuestas para ver si el presidente conserva o no apoyo popular.
Por su parte, el gobernador riojano Ricardo Quintela dejó declaraciones que armaron un verdadero revuelo al advertir a los inversores que el peronismo va a revisar todo, expropiando o nacionalizando lo que sea necesario si Milei comete estropicios. Rápidamente salieron a agitar el fantasma del “peronismo expropiador”, pero hay que bajar los decibeles: la expropiación por causa de utilidad pública es una figura constitucional. Se aplicó en casos estratégicos como YPF para recuperar Vaca Muerta, una medida que el propio Milei no revisó porque allí están las divisas. Tampoco es una herramienta comunista como pretenden vender desde el oficialismo.
Donde sí hay un tema central y estratégico es en la discusión de la Ley de Tierras en el Senado. El senador Daniel Bensusán advirtió que capitales vinculados a Estados Unidos e Israel buscan comprar territorio de forma indiscriminada. No estamos hablando de terrenos urbanos, sino de tierras rurales. La ley aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner fijó un tope del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la propiedad en manos extranjeras, evitando además que una misma nacionalidad supere el 30% de ese cupo y poniendo un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Buscaba frenar compras masivas como las de Benetton en la Patagonia, la megaforestal Arauco en Misiones o las hectáreas de Joe Lewis en Lago Escondido.
El Gobierno intentó derogar la norma bajo la bandera de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, pero lo que busca es directamente extranjerizar las tierras rurales. La atención de los fondos de inversión está puesta en el corredor del Paraná, las zonas de frontera en la Patagonia y el norte minero. Ahora pretenden maquillar el texto hablando de un límite provincial del 25%, pero el truco está en que omiten el tope municipal. Jamás se va a vender el 25% de toda una provincia, pero hoy existen municipios en Salta con más del 60% de sus tierras extranjerizadas, o el caso de Puerto Libertad en Misiones donde la firma Arauco posee el 85% del departamento.
A esto se le suma la vulnerabilidad de las comunidades indígenas. Salta encabeza el ranking de extranjerización y es también la provincia con mayor cantidad de comunidades originarias. La derogación de decretos y leyes de protección deja desamparados a puesteros de tercera o cuarta generación que nunca recibieron la titulación de sus tierras por desidia provincial. Con el esquema que plantea este Gobierno combinado con los beneficios tributarios del RIGI, los capitales extranjeros pueden comprar hectáreas estratégicas sin siquiera dejar impuestos en el país.
Incluso reapareció Elisa Carrió advirtiendo que “vienen por el agua y por la tierra”, lo que demuestra que ni siquiera los sectores más tradicionales de la oposición republicana acompañan semejante entrega. Carrió, que encabezó investigaciones contra el kirchnerismo y que promovió la comisión sobre la criptomoneda Libra imputada a Milei, hoy se muestra horrorizada por las formas y el fondo de esta gestión.
Por último, resulta alarmante el discurso oficialista que insiste en ver “terroristas” y conspiraciones en todos lados. Carlos Bianco contó que le preguntó a una inteligencia artificial qué patología tiene alguien que ve terroristas por todos lados y le respondió “delirio persecutorio”. Más allá de la anécdota, preocupa que se pretenda instalar una narrativa de remilitarización de la seguridad interior. En Colombia o Perú hay narcoterrorismo real y bandas armadas en la selva; en la Argentina no existen guerrillas ni células extremistas.
Calificar a docentes, científicos, periodistas o estudiantes de “terroristas infiltrados” bajo el argumento de combatir supuestas teorías de Gramsci es una maniobra peligrosa. Es desempolvar los viejos argumentos de la dictadura militar, que veía subversivos hasta en quienes leían a Heráclito. Afortunadamente, desde el retorno de la democracia no hay terrorismo en la Argentina. Todas estas artimañas y exageraciones de Milei buscan exactamente lo mismo: infundirle miedo a la sociedad.
