El oficialismo llega con dudas al Senado para intentar aprobar la ley de extranjerización de tierras
El oficialismo arranca la semana con una de las votaciones más complejas por delante. El próximo jueves, el Senado retomará la sesión que pasó a cuarto intermedio el 16 de julio con el objetivo de debatir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuyo capítulo más controvertido propone eliminar las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos y empresas extranjeras.
La encargada de reunir los votos será la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien enfrenta un escenario mucho más complejo que el de hace algunas semanas. El creciente rechazo de distintos sectores sociales y políticos comenzó a impactar en bloques dialoguistas que hasta ahora acompañaban al Gobierno y que hoy ponen en duda su respaldo a uno de los puntos centrales de la iniciativa.
Entre las principales preocupaciones figura el posible cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Encuentro Misionero, quienes en las últimas semanas recibieron fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, productivas y religiosas de su provincia por la posibilidad de habilitar una mayor extranjerización de la tierra.
A ese escenario se suma el malestar dentro de la Unión Cívica Radical. Según trascendió, varios senadores del bloque expresaron reparos sobre un proyecto que consideran sensible desde el punto de vista de la soberanía territorial. Incluso, fuentes parlamentarias señalaron que algunos legisladores que facilitaron el quórum en la última sesión ya habían advertido que no estaban dispuestos a acompañar el capítulo referido a las tierras.
También existen dudas dentro del espacio que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Tanto la radical Edith Terenzi como la senadora del PRO Andrea Cristina mantienen reservas sobre distintos artículos del proyecto. “Esto se define en los próximos dos días”, señalaron desde el entorno de una de las legisladoras patagónicas.
Crece el rechazo social
Mientras el debate parlamentario entra en su etapa decisiva, el rechazo al proyecto continúa ampliándose. Para este jueves está prevista una movilización frente al Congreso impulsada por organizaciones sociales, partidos políticos y entidades ambientalistas que cuestionan la eliminación de los límites actuales a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
La Iglesia Católica fue uno de los primeros actores institucionales en expresar su rechazo a la iniciativa durante el tratamiento en comisiones. Aunque el oficialismo retiró posteriormente el capítulo que eliminaba el programa de regularización dominial en barrios populares, la preocupación de distintos sectores eclesiásticos por el proyecto se mantuvo.
Quien también tomó distancia fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que convirtió su rechazo a la extranjerización de tierras en uno de los principales puntos de diferenciación con el presidente Javier Milei. En las últimas semanas, la titular del Senado manifestó reiteradamente en redes sociales su oposición a modificar la Ley de Tierras vigente.
Qué cambia el proyecto
Además de eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, el proyecto incorpora una serie de modificaciones vinculadas al derecho de propiedad.
Entre otros puntos, acelera los procedimientos de desalojo por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos para las expropiaciones y cambia aspectos centrales de la Ley de Manejo del Fuego, habilitando que terrenos afectados por incendios puedan volver al mercado bajo nuevas condiciones.
La legislación vigente establece actualmente que los extranjeros no pueden adquirir más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental, mientras que ninguna persona física o jurídica puede concentrar más del 30% del cupo permitido. La propuesta oficial elimina esos límites para particulares y empresas privadas.
En el caso de compañías con participación estatal extranjera, el proyecto prevé un mecanismo de “doble conforme”, que requerirá autorización tanto del Estado nacional como de la provincia donde se encuentre el inmueble.
Un final abierto
La discusión ya fue postergada en tres oportunidades desde que el proyecto obtuvo dictamen. La última suspensión respondió, oficialmente, a la ausencia de varios senadores aliados que se encontraban de viaje.
Tras aquella sesión frustrada, Patricia Bullrich se mostró confiada. Consultada sobre si el oficialismo tendría los votos para la nueva convocatoria, respondió: “Están de vacaciones, pero van a venir”.
Sin embargo, el panorama hoy aparece mucho más incierto. A las dudas dentro del radicalismo y de sectores provinciales se sumó el malestar que generó la intervención de Federico Sturzenegger, quien habría transmitido a distintos senadores su rechazo a que las provincias puedan fijar límites propios a la compra de tierras por extranjeros.
Ese planteo alimentó el temor entre algunos legisladores de que, aun si el proyecto fuera aprobado con modificaciones, el Poder Ejecutivo termine aplicando un veto parcial, lo que volvió todavía más frágil la búsqueda de consensos.
Con ese escenario, el oficialismo llegará al jueves obligado a conseguir apoyos voto a voto para intentar aprobar una de las iniciativas más controvertidas del paquete de reformas impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
