La Justicia rechazó el pedido para frenar el decomiso de bienes en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar por unanimidad la pretensión de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes. Este decomiso busca ejecutar la condena dictada en la causa Vialidad, tramitada en la Justicia. En dicho expediente, su madre Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión.

Esta decisión, vinculada a las resoluciones tomadas desde el 14 de septiembre de 2026, se fundamenta en la necesidad de avanzar con la ejecución patrimonial del fallo. El motivo central de la medida es lograr cubrir la suma de 645 millones de dólares. Todo depende desde hace cuatro meses de la Corte Suprema de Justicia.

Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, fueron quienes tomaron esta determinación formal. Ellos declararon inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los herederos. También rechazaron el pedido judicial de Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces S.A.

Las quejas de los acusados cuestionaban directamente al Tribunal Oral Federal 2 por rechazar los sucesivos planteos contra la afectación de esos bienes. La orden inicial de ejecución había sido dictada el 26 de agosto último. Los reclamantes buscaban frenar el trámite e imponer medidas cautelares frente al inminente decomiso.

Por el lado de las sociedades comerciales mencionadas, cuestionaban que se postergara su intervención en el incidente legal sobre sus titularidades. Sin embargo, los magistrados determinaron que los recursos presentados eran formalmente inadmisibles. Argumentaron que la resolución atacada no constituía una sentencia definitiva ni resultaba equiparable a una.

Además, los jueces de la cámara subrayaron que quienes protestaban no lograron demostrar un perjuicio actual que fuera de imposible o tardía reparación posterior. Estas cuestiones podrán ser retomadas en la oportunidad procesal correspondiente. Así, se habilitó la continuidad del proceso por aproximadamente 685.000 millones de pesos en monto actualizado. El objetivo a corto plazo es avanzar sobre los 111 inmuebles que fueron propuestos de manera oficial por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Existe también un segundo requerimiento de estos funcionarios para alcanzar otras propiedades, detalladas como 141 inmuebles, 46 autos y 5,6 millones de dólares en efectivo.

Dicho dinero extranjero se encontraba resguardado y secuestrado dentro de una caja de seguridad perteneciente al Banco Galicia. Las defensas legales se opusieron férreamente a que el castigo alcance los fondos generados por el fallecido Néstor Kirchner, ya que los herederos no se encuentran entre los condenados por el expediente.

No obstante, tanto el tribunal oral como la instancia revisora, mediante un voto dividido, rechazaron ese planteo defensivo. Entendieron que los fondos secuestrados son el objeto del delito. Indicaron que esta condición persiste por más que el patrimonio total haya sido heredado luego por los hijos del matrimonio presidencial.

Actualmente, no se pueden ejecutar las propiedades hasta que se resuelvan las quejas pendientes en los tribunales desde fines de mayo. En ese mes específico se rechazaron los recursos extraordinarios. En julio pasado, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los reclamos contra la actualización del monto. La millonaria cifra total requerida se calculó utilizando la base del Índice de Precios al Consumidor, quedando fijada exactamente en 684.990.350.139,86 pesos. Ahora resta la definición sobre cuáles elementos específicos se utilizarán para cubrir dicha cantidad de dinero. Para completar esto faltan concretar obligatoriamente dos pasos previos.

Como primera medida, el Cuerpo de Peritos Tasadores debe entregar la valuación completa de todas las propiedades involucradas en el caso. En segundo lugar, la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura debe responder una consulta directa sobre qué lugares físicos desea retener la máxima autoridad judicial para su propio uso. Como es el máximo tribunal quien resuelve sobre los bienes decomisados resultantes de un delito, tiene absoluta prioridad para elegir propiedades de utilidad pública. Esos lugares seleccionados bajo la regla del reglamento aprobado por la Acordada 22/2025 no irán a remate, sino que pasarán a integrar el patrimonio del Poder Judicial.

Recién tras superar esos trámites y avanzar con el cambio de titularidad de los espacios seleccionados, se procederá de manera virtual con el resto. Ese patrimonio incautado restante se destinará a una plataforma de subastas online, que es el sistema utilizado en todas las causas donde el organismo subasta bienes. Mientras tanto, se mantiene latente la segunda petición fiscal que resulta ser mucho más amplia que el primer requerimiento. Este pedido adicional y complementario incluye un monto en dólares exacto de 5.656.134 y una cifra en moneda local de 53.280,24 pesos, cerrando de esta forma el panorama del patrimonio afectado.