Ley Malvinas: Santiago Caputo defendió los cambios y afirmó que “es prioridad del Gobierno”
El oficialismo convocó a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei. La Libertad Avanza busca firmar dictamen de mayoría aplicando cambios pedidos por bloques aliados y la diplomacia de Estados Unidos.
Las negociaciones parlamentarias están coordinadas por la diputada libertaria Silvana Giudici, quien busca consolidar el quórum de firmas en el plenario. La reunión abarca a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
Desde el armado oficialista confirmaron la intención de avanzar sin demoras en el dictamen. En cada reunión de comisiones se mantiene la firme intención de firmar las iniciativas, según detallaron autoridades de la negociación legislativa.
Cuestionamientos de aliados y roces por las sanciones
El principal escollo de la bancada oficialista reside en la postura del bloque Argentina Federal, espacio conducido por Oscar Herrera Ahuad. La bancada tiene directa llegada a los gobernadores de Misiones y Salta y ya adelantó resistencias al articulado sobre soberanía.
El diputado misionero Alberto Arrúa confirmó su postura contraria al texto impulsado por el Poder Ejecutivo. El legislador advirtió que la iniciativa no se limita a proteger los recursos vinculados con Malvinas, sino que altera normas de defensa, seguridad e inteligencia, incluyendo penas de hasta doce años de prisión por desinformación electoral.
Ante las diferencias internas, el asesor presidencial Santiago Caputo ratificó el rumbo de la estrategia oficial. Santiago Caputo defendió el proyecto argumentando que la Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas es sagrada para los argentinos.
La presión de Estados Unidos por las petroleras
El nudo central de las modificaciones responde a planteos formales de la administración norteamericana. Durante un encuentro en la Casa Rosada entre Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, Washington alertó sobre las sanciones previstas en el texto.
La norma original castigaba a firmas asociadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas, donde operan la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Las multas afectaban a empresas vinculadas en otros emprendimientos globales.
Para evitar chocar con empresas norteamericanas, Silvana Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán reescribieron el articulado. La redacción acota las sanciones solo a operadoras directas o licenciatarias ilegales, en tratativas donde intervino el embajador Peter Lamelas.
Controles al Consejo de Seguridad y objeciones opositoras
El texto atribuye facultades al Consejo de Seguridad para autorizar o vetar inversiones extranjeras. Ante las dudas sobre discrecionalidad, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, aceptó sumar una Comisión Bicameral de seguimiento a propuesta del diputado aliado Eduardo Falcone, del MID.
En paralelo, se modificó el artículo 111 sobre penas a campañas de desinformación. La nueva letra excluye a periodistas, investigadores académicos y diplomáticos, tras planteos de la UCR y de la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria.
Desde la bancada opositora, el excanciller Jorge Taiana criticó la subordinación ante Washington. Jorge Taiana sostuvo que Estados Unidos mantiene intacta su neutralidad sobre la soberanía y que el discurso oficialista se desmorona cuando choca con los intereses del gobierno de Donald Trump.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció en las discusiones con un mensaje en sus redes sociales. Victoria Villarruel utilizó la expresión latina “res non verba” para pedir hechos y no palabras, reafirmando que el único camino es el diálogo bilateral sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
