Los gobernadores “con peluca” le marcaron un límite al Gobierno y encendieron la alarma en Casa Rosada
La escena encendió una luz amarilla en la Casa Rosada. No fue la oposición más dura la que terminó de complicar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sino algunos de los gobernadores que hasta ahora habían sido considerados aliados clave del gobierno de Javier Milei.
El capítulo que permitía avanzar con modificaciones sobre la venta de tierras rurales a extranjeros quedó afuera del proyecto después de que varios mandatarios provinciales hicieran saber que sus senadores no acompañarían la iniciativa.
El dato político que quedó en el oficialismo fue claro: los gobernadores cercanos pueden acompañar a Milei, pero no a cualquier costo.
Los aliados que esta vez dijeron que no
Entre los dirigentes provinciales que mostraron reparos para el avance del capítulo de Tierras estuvieron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Todos ellos tuvieron momentos de acercamiento con la administración libertaria. En distintas oportunidades garantizaron gobernabilidad, facilitaron acuerdos parlamentarios y permitieron que el Gobierno sacara adelante iniciativas centrales.
Pero esta vez la defensa del territorio provincial se impuso sobre el acuerdo político con Nación.
Desde Misiones, Passalacqua fue contundente al expresar su postura: “Lo que amamos no se vende”. El mensaje fue leído en la Casa Rosada como una muestra de que, incluso entre los gobernadores dialoguistas, existen temas donde las provincias no están dispuestas a ceder.
En Tucumán, Jaldo pidió a sus senadores rechazar el artículo cuestionado. Figueroa hizo lo mismo con los representantes neuquinos y Sáenz marcó una posición similar desde Salta.
La suma de esos movimientos dejó al oficialismo sin margen y obligó a retirar el capítulo más polémico de la ley.
La advertencia que quedó en Balcarce 50
En el entorno presidencial intentan evitar una lectura de ruptura.
La explicación oficial es que muchos gobernadores seguían de acuerdo con la idea general del proyecto, pero no querían asumir el costo político de habilitar la venta de tierras a extranjeros en sus provincias.
Sin embargo, puertas adentro admiten que el episodio dejó una advertencia para las próximas discusiones.
El temor del oficialismo es que otros gobernadores empiecen a utilizar su apoyo parlamentario como una herramienta de negociación y que cada reforma implique una pulseada más difícil.
“Esto no cambia el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí debilita al Gobierno como actor negociador”, reconoció un operador oficialista.
La prueba que viene: la Reforma Política
La preocupación mira ahora hacia adelante. En el Gobierno saben que las próximas iniciativas necesitarán nuevamente del respaldo de las provincias.
Uno de los principales desafíos será la Reforma Política y, especialmente, la discusión sobre la suspensión de las PASO.
En la Casa Rosada creen que si queda instalada la idea de que Milei perdió capacidad de negociación, los gobernadores tendrán más margen para endurecer sus posiciones.
La Ley de Tierras dejó un mensaje que nadie quiere ignorar: los aliados provinciales siguen siendo aliados, pero ya demostraron que tienen una línea propia.
Y esa línea puede pesar cuando lleguen las próximas batallas legislativas.
