Causa $LIBRA: un damnificado apeló su exclusión como querellante y cuestionó el fallo del juez Martínez de Giorgi
Uno de los inversores que denunció haber sido perjudicado por el caso $LIBRA apeló la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó, junto a otros cuatro damnificados, de la causa como querellante. La presentación quedó ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión.
Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, sostuvo que el fallo del magistrado resulta “arbitrario, ilógico y contrario a las constancias de la causa” y cuestionó los fundamentos utilizados para apartar a los inversores de la investigación.
En el escrito de apelación, la defensa afirmó que el juez basó su decisión en “afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos” y que ignoró pruebas incorporadas al expediente, entre ellas actas notariales y elementos vinculados con la trazabilidad de las operaciones realizadas mediante tecnología blockchain.
Además, el planteo remarcó que la Cámara Federal ya había reconocido previamente la legitimación de los querellantes para intervenir en la causa y sostuvo que esa decisión no podía ser modificada sin la aparición de nuevas pruebas que desacreditaran el perjuicio económico denunciado.
Uno de los argumentos centrales de Martínez de Giorgi para excluir a los inversores fue que las memecoins constituyen activos digitales que operan en un mercado con escasa regulación, alta volatilidad y valores sujetos a la percepción de los participantes.
La defensa de Romeo rechazó esa interpretación y aseguró que el expediente investiga una presunta maniobra delictiva y no las consecuencias normales de una inversión de riesgo.
Según la apelación, el derrumbe de $LIBRA respondió a un supuesto esquema conocido como “rug pull”, mediante el cual los organizadores inflan artificialmente el valor de un activo para luego retirar los fondos y provocar el colapso del proyecto.
El escrito también sostiene que existió una estrategia destinada a generar confianza entre los inversores mediante una “apariencia de legitimidad” y menciona como parte de esa hipótesis la utilización de figuras públicas y presuntas influencias institucionales.
Asimismo, la defensa afirmó que informes incorporados al expediente habrían corroborado la existencia del desapoderamiento patrimonial denunciado y la trazabilidad del vaciamiento de los fondos.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberá resolver ahora si mantiene o revierte la decisión del juez Martínez de Giorgi. En caso de un nuevo rechazo, la defensa anticipó que podría recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
