Debate institucional: fuertes críticas a la reforma en la selección de jueces federales
El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un nuevo mecanismo legal para la cobertura de los cargos vacantes en los juzgados federales y en la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la aplicación del decreto 467/2026 encendió las alarmas entre especialistas en derecho constitucional y defensores de los derechos humanos.
La controversia se desató tras la publicación oficial de los nombres elegidos para ocupar diez puestos clave en los tribunales federales, incluyendo asientos estratégicos en los despachos de Comodoro Py. Asimismo, la nueva reglamentación suprime la etapa que obligaba al Ministerio de Justicia a difundir los antecedentes de los postulantes y a recibir las objeciones o respaldos de la comunidad. Por otra parte, el oficialismo justificó la enmienda argumentando que el esquema anterior duplicaba de forma innecesaria los procesos de revisión que ya se ejecutan de manera reglamentaria en la Cámara de Senadores.
El posicionamiento de las asociaciones ciudadanas
Un documento firmado por una decena de organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, Poder Ciudadano y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), impugnó los fundamentos de la Casa Rosada
El texto interinstitucional señala de forma directa que “las modificaciones debilitan de manera severa los estándares internacionales sobre acceso igualitario a las magistraturas públicas”. Aclarando que la intervención de la ciudadanía en la etapa inicial del proceso permitía aportar datos de valor y enriquecer la evaluación del Poder Ejecutivo antes del envío de los pliegos finales. Además, las especialistas en género manifestaron su preocupación debido a que el decreto elimina la pauta que obligaba al Estado a velar por la paridad y la diversidad de trayectorias en la composición del Máximo Tribunal. La ausencia de mujeres en las propuestas de la Corte Suprema agrava la brecha de representatividad en las esferas más altas del derecho.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, opino que el decreto busca “limitar y achicar la posibilidad del diálogo democrático” y “muestra el poco interés del Ejecutivo en la participación ciudadana, al igual que lo que prevé el proyecto de Ley de Lobby”.
La puesta en marcha del decreto coincidió con la postulación de los candidatos para las vacantes de la Cámara Federal, un tribunal central encargado de revisar las causas vinculadas a presuntos delitos de corrupción pública. Entre las ternas publicadas figuran Las dos ternas publicadas fueron: la primera integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola, y la segunda, Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.
El panorama de las vacantes en los tribunales del país
Finalmente, las reformas en la metodología de selección ocurren en un contexto de profunda parálisis institucional para la normalización del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal opera con una conformación reducida tras los ceses de funciones registrados en los últimos meses de actividad tribunalicia. Los intentos previos de la administración central para cubrir los puestos vacantes mediante las propuestas enviadas al Congreso no lograron cosechar las mayorías especiales requeridas en el recinto.
