Diputadas radicales se plantaron contra el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada
Las diputadas radicales María Inés Zigarán y Mariela Coletta presentaron un proyecto de declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém Do Pará y marcar distancia del proyecto impulsado por la senadora de la UCR Carolina Losada, que propone endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de dirigentes de Provincias Unidas como Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Martín Lousteau, además de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.
Argentina adhirió en 1994 a la Convención Belém Do Pará, el primer tratado internacional que reconoció la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y no como un asunto privado.
El proyecto impulsado por Losada fue debatido en comisión el mismo día en que Diputados aprobó cambios en la Ley de Glaciares, aunque la fuerte reacción de sectores políticos, judiciales y vinculados a los Derechos Humanos terminó desplazándolo de la agenda parlamentaria del Senado.
“El impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, sostuvieron Zigarán y Coletta en los fundamentos del texto presentado.
La polémica escaló aún más luego de que un grupo de profesionales y referentes de Derechos Humanos denunciara judicialmente a Losada por considerar que su iniciativa busca intimidar a quienes acompañan denuncias de abuso sexual infantil y violencia de género.
La presentación fue encabezada por el ex juez federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos, entre otros referentes.
Según los denunciantes, el proyecto carece de respaldo estadístico. Un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos reveló que las investigaciones por falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales analizadas entre 2023 y 2025.
Además, remarcaron que la mayoría de esos expedientes no están vinculados a violencia de género ni abuso sexual, sino a conflictos patrimoniales o laborales.
La iniciativa de Losada propone elevar las penas por falsas denuncias en causas de violencia de género de un rango actual de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años de prisión, mientras que para el falso testimonio plantea pasar de 1 mes a 4 años a una pena de 3 a 8 años.
Desde distintos sectores advierten que el endurecimiento de sanciones podría generar un fuerte efecto inhibidor en víctimas que evalúan denunciar situaciones de violencia o abuso.
