La crisis de los 6 millones de endeudados: usura, excusas oficiales y el drama social del ajuste
Es importante notar que si bien las líneas de crédito se incrementaron en 2024, las moras aparecen con fuerza en 2025. La explicación oficial apunta al Congreso, acusándolo de votar proyectos sin financiamiento que elevaron las tasas de interés y dejaron a la gente sin poder pagar. Pero esa es solo una de las tantas excusas que intenta el gobierno para esquivar el drama real: hay 5.800.000 personas morosas, según el propio Banco Central. A esos hay que sumar a los que le deben al prestamista del barrio o a los que están con la soga al cuello intentando cumplir como pueden. El repertorio de excusas arrancó diciendo que era un acuerdo entre privados, según el ministro Toto Caputo. Por su parte, el vocero Adrián Ravier insiste con responsabilizar a las leyes del Congreso, omitiendo que la gente se endeudó mucho antes.
Frente a este escenario, Axel Kicillof salió a cruzar el relato económico de Javier Milei. Mientras desde el Ejecutivo nacional defienden el rumbo del ajuste y recurren a mitos urbanos, como sostener que la gente se endeudó para comprar un televisor durante el mundial o para jugar en plataformas de apuestas online, Kicillof expuso la falta de sustento real de esos argumentos y remarcó el impacto directo que las medidas nacionales están teniendo sobre el bolsillo de los trabajadores.
Detrás de las cifras y los discursos políticos están los testimonios reales de la calle. Esos casi 6 millones de personas no sacaron créditos para comprarse un auto, viajar o darse lujos; se endeudaron para cubrir agujeros financieros familiares y simplemente sobrevivir: comprar comida, medicamentos, pagar la luz, las expensas o renovar el alquiler. La pérdida del poder adquisitivo empujó a miles de familias a recurrir a la tarjeta o al fiado solo para llegar a fin de mes.
Ante semejante ahogo, la urgencia pasa por generar propuestas concretas para aliviar a los deudores y discutir el rol del sistema bancario. En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que con voluntad política se puede intervenir: se acordó con varios bancos la quita de intereses y la refinanciación de deudas en cuotas fijas sin ahogar al vecino. Sin embargo, para el sistema bancario tradicional no hay crisis de morosidad porque continúan acumulando ganancias extraordinarias a costa de la desesperación generalizada.
El verdadero disparador de este esquema fue la firma del DNU 70, que desreguló el sistema y le permitió a las entidades bancarias y a las billeteras virtuales cobrar lo que quisieran. El problema es masivo y opaco: la mayoría de las plataformas ni siquiera informa de manera transparente sus tasas, alcanzando costos financieros totales que superan el 1.000% anual. Es un esquema feroz donde Mercado Pago, que concentra el 60% del mercado de billeteras virtuales y goza de exenciones impositivas en el país, capta depósitos pagando un 19% anual y luego presta ese dinero a tasas desorbitadas. Cobran más usura que un prestamista de barrio.
Esta realidad derriba discursos como los de Lilia Lemoine y otros voceros oficialistas, desconectados del drama que se vive en las barriadas populares. Cuando el salario no alcanza y la desprotección estatal es total, en los sectores más vulnerables proliferan los prestamistas informales que extorsionan, amenazan, retienen tarjetas de la AUH o se apoderan de pertenencias. Eso es un delito liso y llano favorecido por el abandono de la calle. En paralelo, la tensión política sube con ataques a la prensa para tapar disputas internas y el intento de despegarse de figuras polémicas de su propia construcción comunicacional, como ocurrió con Fernando Cerimedo tras los recientes escándalos judiciales que lo involucran.
Mientras esto pasa en la calle, la diferencia de agendas en el Congreso es abismal. Mientras la gente sufre para pagar la comida, el oficialismo prioriza discutir acuerdos internacionales, reformas al Banco Central o leyes de inocencia fiscal. En contraposición, sectores de la oposición buscan poner sobre la mesa la situación urgente de los deudores y frenar los abusos de las financieras.
En el plano político regional, la rosca con los gobernadores evidencia otra faceta de la crisis: rutas nacionales destruidas por falta de mantenimiento generan reclamos judiciales e incrementan la siniestralidad vial, mientras el Ejecutivo retiene de forma discrecional los fondos de infraestructura para presionar acuerdos electorales y negociar temas clave como las PASO.
Todo este tablero desemboca en la incógnita sobre la aparición de un candidato outsider. En el horizonte empieza a medirse el descontento de un tercio del electorado que no quiere volver al pasado ni valida el rumbo actual. La crisis no se resuelve con discursos ni chicanas; se resuelve mirando de frente los problemas de la gente que hoy trabaja, no llega a fin de mes y exige respuestas concretas.
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