De USD 513.000 omitidos a un patrimonio de $944 millones: qué revela la declaración jurada de Adorni
Índice de contenidos
- Un patrimonio que se multiplicó
- Los USD 513.000 omitidos y la explicación del funcionario
- Cómo evolucionó el efectivo declarado
- Los inmuebles declarados
- Una casa en un barrio privado
- El departamento en Caballito
- Herencias, ingresos y gastos
- El cambio de vehículo
- La regularización fiscal
- Las consecuencias políticas
- El frente judicial
La difusión de la declaración jurada patrimonial rectificada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desató una fuerte controversia política y abrió interrogantes judiciales sobre el alcance de las correcciones realizadas ante los organismos de control. Los documentos oficializados por la Oficina Anticorrupción (OA) muestran un salto patrimonial que llevó al funcionario de declarar bienes por poco más de $107 millones al inicio de la gestión a informar actualmente un patrimonio superior a los $944 millones.
El caso cobró mayor relevancia luego de que el propio Adorni admitiera públicamente haber omitido declarar importantes sumas de dinero antes de asumir funciones públicas y explicara que esos fondos provenían de inversiones en criptomonedas realizadas durante años anteriores.
La situación derivó en cuestionamientos de la oposición, pedidos de investigación y análisis preliminares en la Justicia para determinar si existieron irregularidades administrativas o penales.
Un patrimonio que se multiplicó
Cuando presentó su primera declaración jurada al asumir como funcionario del gobierno de Javier Milei, Adorni informó un patrimonio neto de $107,9 millones, equivalente a aproximadamente 90.000 dólares al tipo de cambio vigente en diciembre de 2023.
Sin embargo, luego de sucesivas rectificaciones tributarias y patrimoniales realizadas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción para reconstruir la evolución económica familiar desde 2020, el patrimonio oficial declarado ascendió a más de $944 millones.
La diferencia patrimonial se convirtió en el eje central del debate público.
Los USD 513.000 omitidos y la explicación del funcionario
El aspecto más sensible del caso gira en torno a la incorporación de USD 513.000 que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.
El propio jefe de Gabinete reconoció públicamente esa omisión y explicó que los fondos correspondían a ahorros familiares obtenidos a través de inversiones en criptomonedas.
Según detalló, entre 2021 y 2023 operó con activos digitales mediante plataformas como Binance y Lemon. De acuerdo con su versión, la inversión inicial fue cercana a los USD 200.000, mientras que las ganancias acumuladas alcanzaron aproximadamente USD 300.000.
En declaraciones televisivas, Adorni sostuvo que decidió exteriorizar esos fondos para despejar sospechas sobre un eventual enriquecimiento vinculado a su desempeño como funcionario.
Sus dichos, sin embargo, generaron nuevas críticas por tratarse de dinero que no había sido oportunamente incorporado a las presentaciones patrimoniales.
Cómo evolucionó el efectivo declarado
La documentación presentada ante los organismos de control muestra que esos USD 513.000 fueron disminuyendo durante los períodos posteriores.
En la última actualización patrimonial, el monto en moneda extranjera descendió hasta USD 388.961.
Según la explicación brindada por el funcionario, la reducción obedeció principalmente a inversiones inmobiliarias y gastos destinados a mejoras y refacciones.
Los inmuebles declarados
Uno de los componentes más importantes del patrimonio corresponde a bienes inmuebles, cuya valuación fiscal supera los $570 millones.
Una casa en un barrio privado
Entre las incorporaciones figura el 50% de una vivienda ubicada en el Indio Cuá Golf Club, un country de alto nivel.
La propiedad fue adquirida el 4 de noviembre de 2025 y fue valuada fiscalmente en $255.844.500.
En la declaración jurada se indicó que la operación fue financiada mediante “ingresos propios y crédito”.
Además, se informó la utilización de aproximadamente USD 325.000 para concretar la inversión:
- USD 80.000 destinados a la compra.
- USD 245.000 utilizados en obras y refacciones.
El departamento en Caballito
Adorni también mantuvo dentro de su patrimonio el departamento de cuatro ambientes y 115 metros cuadrados ubicado sobre la calle Asamblea, en el límite entre Caballito y Parque Chacabuco.
Su valuación fiscal asciende a unos $61 millones, aunque la propiedad había sido ofrecida anteriormente en portales inmobiliarios por USD 289.990 bajo la modalidad de venta directa.
Herencias, ingresos y gastos
La declaración jurada incorpora además una herencia por $73 millones, sin mayores precisiones sobre su composición.
Por otro lado, el detalle patrimonial incluye:
- $48,1 millones en ingresos laborales y rentas.
- $270,7 millones en ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
- $99,9 millones en gastos personales anuales.
- $129,3 millones en gastos no deducibles.
El cambio de vehículo
En materia automotor, el funcionario informó la venta o salida del patrimonio de una Renault Captur modelo 2019.
Posteriormente incorporó una Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021, adquirida en marzo de 2024.
La regularización fiscal
Tras la controversia generada por las diferencias patrimoniales, tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al régimen simplificado impulsado por ARCA.
La herramienta permite rectificar información y regularizar situaciones impositivas correspondientes a los últimos cinco períodos fiscales.
Mientras desde el oficialismo destacan que se trata de un mecanismo previsto por la normativa vigente, especialistas en derecho tributario y penal económico advirtieron que la utilización de estos regímenes no elimina automáticamente la necesidad de explicar el origen de los fondos incorporados ni reemplaza las obligaciones de transparencia propias de los funcionarios públicos.
Las consecuencias políticas
La revelación de las rectificaciones generó cuestionamientos de dirigentes opositores y de referentes especializados en control patrimonial.
Las críticas se centraron en la aparente contradicción entre las afirmaciones previas del funcionario —quien había sostenido públicamente que su patrimonio estaba “totalmente en orden y transparente”— y la posterior admisión de omisiones significativas.
El caso también impactó sobre uno de los principales ejes discursivos del Gobierno: la promesa de transparencia y diferenciación respecto de prácticas atribuidas a la denominada “casta política”.
El frente judicial
En paralelo a la discusión política, la situación comenzó a ser analizada por la Justicia federal.
El fiscal Carlos Pollicita inició la recopilación de información para evaluar si corresponde avanzar con medidas tendientes a requerir explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario.
Uno de los aspectos bajo estudio es si las omisiones y rectificaciones podrían encuadrarse en la figura de declaración jurada maliciosa u omitida, prevista para funcionarios públicos que esconden bienes al momento de asumir sus cargos.
También deberá determinarse cuál es el alcance jurídico de las regularizaciones impositivas posteriores y si estas tienen incidencia sobre eventuales responsabilidades derivadas de hechos anteriores.
Mientras tanto, la declaración jurada de Manuel Adorni continúa generando repercusiones políticas y judiciales, en un caso que reabrió el debate sobre los estándares de transparencia exigibles a quienes ocupan los más altos cargos del Estado.
