El Gobierno dio marcha atrás con el decreto sobre el practicaje y destrabó el conflicto portuario
El Gobierno nacional suspendió la aplicación del decreto 690/2026, que desregulaba la actividad de practicaje en los puertos argentinos, y logró destrabar el conflicto con el sector tras alcanzar un acuerdo que también contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que informó que los representantes de los prácticos levantaron la medida de fuerza y retomarán sus tareas de manera inmediata, mientras continúan las negociaciones para arribar a un acuerdo definitivo.
Según precisó el Ejecutivo, se conformará una mesa de diálogo coordinada por el Gobierno nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”.
En ese marco, el comunicado oficial indicó que “los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”.
El paro había dejado más de 185 buques sin operar
El conflicto comenzó luego de la publicación del decreto 690/2026 y derivó en un paro por tiempo indeterminado iniciado el lunes 3 de agosto, que paralizó la actividad portuaria en todo el país.
La medida afectó a más de 185 embarcaciones que quedaron sin poder ingresar o salir de los puertos argentinos.
En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, advirtió que cada barco inmovilizado representaba un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios, lo que elevó la presión para alcanzar una solución.
Qué establecía el decreto suspendido
El decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Transformación y Desregulación, buscaba modificar el régimen vigente desde 1991 con el objetivo de incrementar la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior.
Entre los principales cambios, la norma eliminaba requisitos considerados obsoletos, habilitaba el ingreso de nuevos prestadores del servicio de practicaje, establecía que los usuarios pudieran contratar libremente a los prácticos y disponía que la Prefectura Naval Argentina mantuviera un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad.
Además, eliminaba la segmentación por tramos geográficos, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones para determinados buques.
Al presentar la medida, el ministro Federico Sturzenegger había afirmado: “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.
El rechazo del sector
Desde la Cámara de Practicaje y Pilotaje cuestionaron la iniciativa oficial y advirtieron que la reforma afectaba la seguridad de la navegación.
Su presidente, John Ryan, sostuvo que “la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla”, y aclaró que “nosotros no somos el capitán del buque. Somos como el controlador aéreo que asiste en esa llegada y esa partida”.
Además, rechazó uno de los fundamentos del decreto al asegurar que “desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites”, y recordó que las tarifas del servicio están reguladas por el Estado desde 2018 y funcionan como valores máximos.
