Cristina Kirchner presentó nuevo recurso para frenar el decomiso de sus bienes
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la ejecución del decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad. La medida llegó apenas un día después de que el máximo tribunal rechazara los planteos de nulidad y dejara firme la actualización del monto que deberán afrontar los condenados.
La Corte ratificó que el decomiso asciende a $684.990 millones, cifra que surge de actualizar los cerca de $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
La estrategia judicial también fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, otro de los condenados en el expediente.
La disputa ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados figuran inmuebles de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a empresas de la familia y otros activos incorporados al expediente judicial.
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, además solicitó que se excluyan del proceso bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existe prueba de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad constituye uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente del país. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar probadas irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz.
Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y posteriormente quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos extraordinarios.
Uno de los puntos centrales de esta etapa es el decomiso de bienes, una herramienta prevista por la legislación penal para recuperar activos vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo actualizado busca reflejar el valor actual del perjuicio económico determinado durante el proceso.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos relacionados con presuntos hechos de lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Si bien los nuevos recursos podrían extender los tiempos del proceso, especialistas en derecho penal sostienen que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar de manera paralela con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes alcanzados por la condena.
El expediente mantiene además una fuerte repercusión política. Mientras Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución judicial y cuestiona la actuación de los tribunales, desde distintos sectores consideran que la confirmación de la condena representa un antecedente clave en materia de corrupción.
Con este nuevo capítulo judicial, la causa Vialidad ingresa en una etapa decisiva: la recuperación efectiva de los bienes que el Estado reclama como producto del perjuicio ocasionado por las maniobras investigadas.
