Habló la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires: “No vamos a crear más seguridad”
La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y aseguró que la falta de infraestructura y recursos impide implementar la ley de manera adecuada.
La magistrada habló luego de que su fallo hiciera lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de la libertad.
La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y comenzó a regir este lunes. Sin embargo, Pascual resolvió suspender su aplicación en territorio bonaerense durante 60 días.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
En diálogo con Now 97.9, la jueza cuestionó la idea de que la baja de la edad de imputabilidad pueda resolver por sí sola los problemas de inseguridad.
“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente”, afirmó.
Pascual, que se definió como garantista, sostuvo que conoce de cerca la realidad del Conurbano bonaerense y remarcó que el nuevo régimen no garantiza, por sí solo, una reducción del delito.
“Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, aseguró.
La magistrada también expresó su rechazo a que adolescentes menores de 18 años permanezcan tras las rejas sin un sistema que contemple educación, formación y tratamiento.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, advirtió.
La falta de recursos, el eje de la suspensión
El principal argumento de la resolución apunta a la falta de infraestructura y recursos materiales en la provincia de Buenos Aires para afrontar la incorporación de adolescentes de entre 14 y 16 años al sistema penal.
Pascual aclaró que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad. Sin embargo, cuestionó la falta de condiciones para cumplir con los objetivos que establece el nuevo régimen.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, alertó.
La jueza consideró que el Estado debe garantizar herramientas que permitan evitar que el encierro potencie la violencia y la agresividad de los adolescentes.
Qué dijo sobre las víctimas y el encierro
La magistrada también se refirió a los reclamos de las víctimas y sostuvo que los jueces deben atender sus demandas sin dejar de cumplir con las obligaciones que fija la ley.
Según explicó, muchas víctimas reclaman penas más duras para los responsables de delitos. Sin embargo, aseguró que la Justicia también debe trabajar para lograr que los jóvenes no reincidan.
“Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, explicó.
Pascual rechazó además las críticas que señalan que la suspensión de la ley deja sin herramientas a la Justicia frente a delitos cometidos por menores.
Según sostuvo, la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires ya permite que los jueces de garantías adopten medidas de privación de la libertad para adolescentes de entre 14 y 16 años.
De acuerdo con sus declaraciones, actualmente hay alrededor de 100 menores de esa franja etaria detenidos en territorio bonaerense.
El cruce con Patricia Bullrich
La suspensión del Régimen Penal Juvenil generó una inmediata reacción del Gobierno nacional.
La senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la legislación, cuestionó la decisión judicial y aseguró que la provincia de Buenos Aires cuenta con “una justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
También apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ponerse “del lado de los delincuentes”.
Ante esas críticas, Pascual respondió que su postura no implica desconocer la necesidad de combatir la inseguridad.
“Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, afirmó.
Qué busca resolver la Justicia en los próximos 60 días
La jueza explicó que el objetivo de la suspensión consiste en utilizar los próximos 60 días para que los distintos poderes del Estado definan cómo aplicarán concretamente el nuevo régimen.
Entre los puntos que deberán resolverse figuran quién supervisará a cada adolescente alcanzado por la ley, qué recursos tendrán los centros de detención y cómo funcionarán las medidas alternativas al encierro.
“Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo”, señaló.
Pascual también advirtió sobre el riesgo de que algunas jurisdicciones respondan a la falta de infraestructura con soluciones improvisadas.
La magistrada cuestionó la posibilidad de que los adolescentes terminen en cárceles comunes o en espacios que no cuenten con las condiciones necesarias para garantizar educación, tratamiento y reinserción social.
Mientras el Gobierno nacional impulsa la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, la decisión judicial abrió un nuevo frente de conflicto en la provincia de Buenos Aires y puso el foco en los recursos necesarios para aplicar la reducción de la edad de imputabilidad.
