Ley de Salud Mental: el Senado aprobó la reforma y Patricia Bullrich advirtió que “hoy no se puede actuar”
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos a favor y 21 en contra durante una sesión corrida hasta la madrugada en el Congreso. La iniciativa aprobada en la Cámara Alta modifica de forma estructural los criterios para internaciones involuntarias, el tratamiento de adicciones y la conformación de los equipos médicos evaluadores.
Tras lograr la media sanción con el apoyo del oficialismo y bloques aliados, el texto legislativo fue girado de inmediato a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
El debate en el recinto y la voz del oficialismo
La presidenta de la comisión de Salud, la libertaria Ivanna Arrascaeta, actuó como miembro informante del proyecto y cuestionó con dureza el marco regulatorio vigente desde el año 2010. La legisladora por San Luis remarcó que las hospitalizaciones en el sistema público sufrieron un incremento del 70% tras la pandemia y que la ley actual quedó totalmente desactualizada.
Arrascaeta sostuvo ante el pleno del cuerpo que la internación dejó de ser una respuesta clínica para transformarse en una salida ante la falta de vivienda y contención familiar.
Críticas de la oposición por la falta de recursos
Por su parte, el senador catamarqueño Guillermo Andrada defendió el espíritu de la norma original y advirtió que el verdadero problema radica en la falta crónica de partidas presupuestarias. En la misma línea se expresó el legislador misionero Carlos Arce, quien cuestionó el financiamiento del sistema junto a su compañera de bancada Elizabeth Rojas Decut durante la discusión previa.
Para aplacar los reclamos de los bloques provinciales, el oficialismo aceptó incorporar de manera explícita el concepto de financiamiento federal dentro del articulado del proyecto.
Testimonios del interior y cruce entre bloques
La senadora radical por Chaco, Silvana Schneider, aportó un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan los profesionales médicos en los pueblos del interior del país. Schneider remarcó que los profesionales de las provincias no cuentan con el respaldo legal necesario para proteger a un paciente que se encuentra en situación de riesgo.
A su turno, la fueguina Belén Monte de Oca apuntó contra la legislación anterior al señalar que durante años se confundió la libertad con el abandono de las personas vulnerables.
Cuestionamientos de los sectores alineados al kirchnerismo
Desde el Frente Cívico de Santiago del Estero, el exgobernador Gerardo Zamora lamentó que no se hayan debatido iniciativas anteriores presentadas por la oposición. El mandatario provincial criticó la falta de debate sobre cómo se financiarán los servicios sanitarios y tildó de equivocado el enfoque legislativo del gobierno nacional.
En idéntica postura coincidió la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien rechazó las modificaciones propuestas por la bancada libertaria para el sistema de salud.
Cierre de Patricia Bullrich y la grieta entre profesionales
El cierre del debate estuvo a cargo de la líder libertaria Patricia Bullrich, quien denunció la existencia de una campaña contra los médicos psiquiatras en el país. La senadora porteña remarcó que existen dos miradas profesionales entre psicólogos y psiquiatras, pero enfatizó que ambas disciplinas resultan indispensables para atender las patologías.
Bullrich advirtió que la norma vigente impide actuar a tiempo frente a hechos de violencia o muertes, y recordó que en Argentina hay 100.000 psicólogos frente a solo 4.000 psiquiatras.
Claves de la nueva ley: internaciones y equipos médicos
En el régimen de internaciones, el texto reemplaza la exigencia exclusiva del psiquiatra por la de un médico con formación en salud mental, acompañado por la firma obligatoria de un psicólogo. La redacción final resolvió los reclamos de las provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud e incorporó la opción de teleconsultas para zonas con escasez de personal especializado.
Asimismo, la norma amplía el concepto de adicciones para abarcar problemáticas como la ludopatía, fija límites a la intervención de familiares y prohíbe de forma taxativa la práctica de manicomios.
Garantías estatales, atención ambulatoria y menores
Para los casos donde los pacientes no cuenten con familiares directos ni representantes legales, la norma explicita la obligación absoluta del Estado de garantizar los apoyos comunitarios necesarios. En la atención de menores e infanto-juveniles se incorpora la regla de autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado en todo el proceso y el respeto a la confidencialidad.
Por último, el proyecto restituye un catálogo completo de atención ambulatoria, hospitales de día y centros sociolaborales, permitiendo a los pacientes firmar directivas anticipadas sobre sus tratamientos.
