Diputados convirtió en ley el acuerdo para pagar a los fondos buitre en los litigios por el default de 2001
Cambia, todo cambia. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que autoriza al Estado nacional a avanzar con los acuerdos de conciliación alcanzados con los dos últimos grupos de acreedores(fondos buitre) que mantenían litigios activos por el default de la deuda de 2001.
La iniciativa recibió 139 votos afirmativos y 97 negativos, lo que permitió completar el trámite legislativo a pocos días del vencimiento del plazo acordado con los demandantes.
Cuánto pagará el Estado
El acuerdo contempla el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
La operación se realizará mediante el mecanismo internacional conocido como Entrega contra Pago (DVP, por sus siglas en inglés), que establece que los fondos se transferirán de manera simultánea a la entrega de los bonos para su cancelación definitiva.
Además, el texto aprobado determina que los acreedores asumirán los costos legales derivados de los litigios.
Qué cambia con la aprobación
La sanción de la ley permitirá dejar sin efecto diversas medidas judiciales impulsadas en Estados Unidos contra activos argentinos.
Entre ellas figuran embargos y acciones de ejecución que alcanzaban bienes soberanos, incluidas participaciones vinculadas al Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
También incorpora una cláusula de standstill, mediante la cual los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas demandas ni interferir en operaciones financieras argentinas hasta que concluya el proceso de pago.
La defensa del oficialismo
Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch sostuvo que el objetivo es cerrar un conflicto que se prolongó durante más de dos décadas.
“Con el pago a los dos fondos buscamos cerrar después de 25 años esta herida de deshonra internacional”, afirmó.
El legislador destacó además que los acuerdos incluyeron una quita cercana al 30% sobre los reclamos pendientes.
“Se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente”, aseguró.
Benegas Lynch también resaltó que el Estado no deberá afrontar honorarios legales y valoró el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones judiciales.
“¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio”, advirtió.
Las críticas de la oposición
Desde Unión por la Patria, el diputado Itai Hagman rechazó el proyecto y cuestionó la estrategia oficial. “Es un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país”, sostuvo.
El legislador también planteó reparos sobre el proceso de negociación y advirtió sobre las consecuencias futuras del acuerdo.
“¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera?”, señaló.
Por su parte, Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, también votó en contra y cuestionó la falta de precisiones sobre el origen de los fondos para afrontar el pago.
“Este acuerdo no especifica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de rentas generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”, afirmó.
Un capítulo que el Gobierno busca cerrar
Con la sanción de la ley, el Gobierno apuesta a cerrar los últimos litigios vinculados al default de 2001 y a despejar obstáculos judiciales que durante años condicionaron distintas operaciones financieras del Estado argentino.
La aprobación llega además en un contexto en el que la administración de Javier Milei busca mejorar el perfil crediticio del país y fortalecer la relación con los mercados internacionales.
