Caputo adjudicó concesiones viales por 20 años: qué empresas manejarán más de 1.800 kilómetros de rutas
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la adjudicación de nuevas concesiones viales sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales S.A. impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 706/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y establece concesiones por un período de 20 años bajo el régimen de obra pública por peaje.
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el esquema funcionará “sin subsidios y con inversión 100% privada”, en línea con el plan de desregulación y reducción del gasto estatal que impulsa la Casa Rosada.
Qué empresas se quedaron con las concesiones
En el denominado Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA se quedó con la adjudicación tras presentar la oferta económica más baja: una tarifa de $997 sin IVA.
Para el Tramo Pampa, el ganador fue Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una propuesta de $2.355,37 más IVA.
Según la evaluación oficial, las ofertas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.
El ranking de empresas que compitieron
En el Tramo Sur, detrás del grupo ganador quedaron:
- Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con una tarifa de $1.057,85
- Benito Roggio e Hijos y José Chediack, con $1.230,57
- Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste, con $1.248
- CPC y Clear Petroleum, con $1.297,52
- Vial Agro y Fontana Nicastro, con $1.322,31
En el Tramo Pampa, el orden continuó con:
- CN Sapag y Víctor M. Contreras, con $2.477,77
- CPC y Clear Petroleum, con $2.659,92
- Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía, con $2.975
- Vial Agro y Fontana Nicastro, con $3.219
- Concret Nor, con $3.354
El Gobierno profundiza la privatización de rutas
La resolución ratifica el avance del Ejecutivo sobre la privatización de la infraestructura vial nacional, uno de los ejes incluidos en la Ley Bases.
Las empresas adjudicatarias tendrán autorización para realizar tareas de construcción, explotación, mantenimiento, ampliación, reparación y prestación de servicios al usuario, además de desarrollar actividades complementarias para generar ingresos extra.
En el sector ya interpretan la medida como un nuevo paso del Gobierno hacia un esquema de infraestructura financiado casi exclusivamente por privados, mientras persisten dudas sobre el impacto que podrían tener las futuras tarifas de peaje sobre el transporte y los costos logísticos.
