“Nadie les puso una pistola en la cabeza”: crece la mora y el Gobierno frena más de 30 proyectos para ayudar a los endeudados
“Nadie les puso una pistola en la cabeza”. Con esa frase, el presidente Javier Milei rechazó que el Estado deba hacerse responsable de las dificultades que enfrentan quienes tomaron créditos con billeteras virtuales para pagar lo que el salario no les permite. Y ahora que esas familias no pueden pagar las tasas ascienden hasta 1376%, gracias a la desregulación que el propio Gobierno concedió a empresarios como Marcos Galperín, el problema vuelve a los sectores más golpeados por el ajuste.
La definición resume una diferencia que comienza a instalarse con fuerza en la discusión política: mientras el Gobierno considera el endeudamiento una decisión individual, distintos sectores de la oposición sostienen que el crecimiento de la mora alcanzó una dimensión que requiere respuestas públicas.
Los números alimentan esa discusión. Más de seis millones de argentinos tienen deudas con billeteras virtuales con una mora de 90 días o más, en un escenario en el que el deterioro de los indicadores crediticios se profundizó durante los últimos meses.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) correspondiente a mayo de 2026, la irregularidad de los préstamos otorgados a las familias llegó al 12,8% dentro del sistema bancario.
La situación es todavía más delicada fuera de los bancos. Según datos de EcoGo correspondientes al mismo mes, la irregularidad entre los proveedores no financieros alcanzó el 28,7%, con niveles del 34,1% en préstamos personales y del 19,4% en tarjetas de crédito.
En ese contexto, diputados de distintos espacios opositores comenzaron a presentar iniciativas para abordar el sobreendeudamiento, regular el funcionamiento de las billeteras virtuales, establecer límites a determinadas prácticas financieras y crear mecanismos para que quienes quedaron atrapados en una sucesión de deudas puedan recuperar su capacidad económica.
Hoy hay más de 30 proyectos durmiendo en el Congreso, pero La Libertad Avanza y sus aliados frenan hasta ahora el tratamiento de esas propuestas, en línea con la posición del Gobierno de considerar que las deudas pertenecen fundamentalmente al ámbito de las decisiones individuales.
Créditos con un clic y tasas que pueden llegar al 700%
Uno de los proyectos fue presentado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, quien propone una regulación integral del ecosistema financiero digital y apunta particularmente al mecanismo mediante el cual las aplicaciones y billeteras virtuales ofrecen créditos prácticamente instantáneos.
La iniciativa obliga a entidades financieras y fintech a analizar la situación económica integral del usuario antes de conceder nuevo financiamiento. El objetivo es impedir que una misma persona acumule préstamos simultáneamente en distintas plataformas sin que se contemple su nivel total de endeudamiento.
También propone regular los denominados dark patterns o “patrones oscuros”: diseños e interfaces que pueden ocultar el costo verdadero de un préstamo, estimular decisiones inmediatas o bombardear al usuario con ofrecimientos de créditos preaprobados.
“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto”, cuestionó Juliano.
Según el diputado, los intereses pueden oscilar entre el 100% y el 700%. Radio Del Plata confirmó que el dato aumenta, dependiendo la billetera e, incluso, el algoritmo de quién pide el dinero a préstamo.
Pero el legislador puso el foco además en otro mecanismo: la posibilidad de que una persona ya endeudada reciba inmediatamente una nueva oferta de financiamiento para cancelar obligaciones anteriores.
“Le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita”, advirtió.
El proyecto de Juliano incorpora además un mecanismo destinado a las personas que llegaron a una situación de insolvencia o sobreendeudamiento estructural.
La propuesta crea un procedimiento judicial de rehabilitación financiera, mediante el cual podrían establecerse planes de pago compatibles con los ingresos reales del deudor, adecuar intereses, cargos y penalidades y suspender temporalmente ejecuciones cuando estuviera comprometida su subsistencia.
También introduce una figura de “segunda oportunidad”.
Si el deudor actuó de buena fe y cumplió sustancialmente con el plan de pagos aprobado judicialmente, el juez podría disponer la extinción total o parcial de las obligaciones que todavía permanezcan pendientes.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, sostuvo Juliano.
Para el diputado, la dimensión que alcanzó el problema impide considerarlo exclusivamente como una relación entre particulares.
“No me digan que esto es solamente ‘un problema entre privados’. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico”, advirtió.
Y agregó que, cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, termina afectando “al consumo, al comercio, al empleo, a la capacidad de otorgar crédito y, finalmente, a todo el sistema financiero”.
Créditos sobre prestaciones sociales
Otra de las iniciativas fue presentada por Victoria Tolosa Paz, junto a otros 26 diputados, y pone el foco específicamente en quienes reciben prestaciones sociales de la ANSES y utilizan billeteras virtuales.
El proyecto busca evitar que la situación de vulnerabilidad económica termine convirtiéndose, mediante los algoritmos utilizados por las plataformas, en una condición que encarezca todavía más el acceso al financiamiento.
“Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Vemos una paradoja: quienes tienen menores ingresos y mayor necesidad de financiamiento son, muchas veces, quienes reciben las peores condiciones”, explicó Tolosa Paz.
La propuesta establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central y dispone que ese tope no pueda sortearse mediante seguros, comisiones u otros cargos.
También exige informar de manera clara y visible el Costo Financiero Total (CFT) antes de la contratación.
Uno de los puntos centrales es la protección de prestaciones de carácter alimentario, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días.
Esos fondos no podrían utilizarse mediante débitos automáticos u otros mecanismos recurrentes para cobrar préstamos. El titular, de todos modos, conservaría la posibilidad de realizar voluntariamente el pago.
Brasil eligió otro camino frente a las familias endeudadas
Y en el plano internacional, la ironía no favorece a Milei, que hace un mes insiste en llamar “ladrón” a su par brasilero. La discusión argentina contrasta con la estrategia adoptada en Brasil, donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió intervenir frente al problema del endeudamiento mediante el programa Desenrola Brasil.
La política fue creada originalmente para facilitar la renegociación de deudas y recuperar la capacidad financiera de personas que habían quedado fuera del sistema crediticio. En 2026, el gobierno brasileño lanzó una nueva etapa dirigida, entre otros sectores, a las familias.
El Novo Desenrola Brasil – Famílias permite actualmente renegociar deudas atrasadas de tarjetas de crédito, descubierto bancario y préstamos personales para personas con ingresos de hasta cinco salarios mínimos. El programa contempla descuentos de hasta el 90%, una tasa máxima del 1,99% mensual y plazos de hasta 48 meses.
La magnitud de la intervención permite dimensionar la diferencia de enfoque. Para mediados de junio, el programa brasileño ya contabilizaba 912.000 operaciones de personas físicas por unos 1.800 millones de reales renegociados.
Es decir, frente a un fenómeno de endeudamiento de los hogares, Brasil optó por una política estatal destinada a facilitar la renegociación y reinserción financiera, mientras en la Argentina la discusión todavía gira alrededor de si el problema requiere o no una respuesta pública.
Dos miradas sobre una misma crisis
El crecimiento de la mora coloca así frente a frente dos concepciones.
Por un lado, la del Gobierno, que pone el acento en la responsabilidad individual de quien decidió tomar una deuda. Del otro, la de quienes sostienen que, cuando millones de personas quedan atrapadas simultáneamente en préstamos que no pueden afrontar, el fenómeno deja de ser exclusivamente privado y comienza a tener consecuencias sobre el conjunto de la economía.
Con seis millones de argentinos con deudas en billeteras virtuales en mora de al menos 90 días, una irregularidad del 12,8% entre las familias dentro del sistema bancario y niveles considerablemente superiores en el financiamiento no bancario, esa discusión ya llegó al Congreso.
La oposición propone regulaciones, límites a las tasas y prácticas abusivas, protección de los ingresos sociales y mecanismos de rehabilitación para los deudores.
El oficialismo, por ahora, frena el debate.
