Fallo clave en la causa $LIBRA: la Justicia apartó a los querellantes contra Mauricio Novelli
La Justicia Federal dictó un fallo clave en la causa que investiga el lanzamiento del token $LIBRA y resolvió apartar a los querellantes particulares que impulsaban la investigación contra el empresario y desarrollador Mauricio Novelli.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar a un planteo de excepción por falta de acción presentado por la defensa de Novelli y excluyó del expediente a los inversores Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, que pretendían intervenir como acusadores privados.
Según la resolución, los denunciantes no lograron demostrar un perjuicio “real, especial, singular y directo” derivado de un delito penal que justificara su permanencia en el proceso como querellantes, por lo que la acción penal continuará exclusivamente bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal.
La causa se inició a comienzos de 2025 tras una serie de denuncias vinculadas al lanzamiento del token $LIBRA, que cobró notoriedad luego de que el presidente Javier Milei difundiera el proyecto mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.
De acuerdo con la investigación, el mensaje presidencial impulsó una fuerte suba en la cotización del activo digital, que pasó en pocas horas de valer apenas una fracción de centavo a acercarse a los cinco dólares. Sin embargo, el entusiasmo del mercado duró poco: el precio se desplomó abruptamente cuando distintas billeteras virtuales presuntamente vinculadas con los desarrolladores retiraron importantes sumas de dinero de los fondos de liquidez.
Los denunciantes sostuvieron que la maniobra respondió al mecanismo conocido como “rug pull”, una modalidad frecuente en el mundo de las criptomonedas mediante la cual los impulsores de un proyecto abandonan la iniciativa luego de captar inversiones, provocando pérdidas millonarias entre quienes compraron el activo.
La defensa de Novelli, encabezada por el abogado Daniel Rubinovich, sostuvo que el avance de la investigación permitió descartar la existencia del delito de estafa que había motivado las primeras denuncias y planteó que los inversores no reunían las condiciones legales para actuar como querellantes particulares.
En ese sentido, el magistrado recordó que, si bien en las primeras etapas del expediente los damnificados habían sido aceptados de manera provisoria, esa condición puede modificarse a medida que avanza la investigación y cambian las hipótesis del caso.
La resolución señala que, tratándose de delitos de acción pública, la figura del querellante exige acreditar un interés jurídico específico que vaya más allá del representado por la Fiscalía.
Además, el fallo remarca que la investigación actualmente se orienta hacia presuntas irregularidades vinculadas con el ejercicio de la función pública, entre ellas posibles negociaciones incompatibles con el cargo, por lo que el bien jurídico protegido sería la Administración Pública y no el patrimonio individual de los inversores.
Con esta decisión, la investigación queda concentrada exclusivamente en la Fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano, que continuará reuniendo pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales en torno al lanzamiento y posterior derrumbe del activo digital.
La resolución representa un cambio importante en el expediente, ya que limita la participación de las víctimas que buscaban impulsar medidas de prueba de manera independiente.
De todos modos, la discusión judicial está lejos de cerrarse. Según informó AM Del Plata, los abogados que representan a los cinco inversores ya anticiparon que apelarán la resolución de Martínez de Giorgi para intentar recuperar su rol dentro de la causa.
Mientras tanto, el expediente continúa siendo uno de los más sensibles del ámbito político y financiero por las derivaciones que tuvo el caso $LIBRA y por el impacto que generó la promoción del proyecto desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. La decisión que adopte la Cámara Federal sobre la apelación podría definir el alcance de la participación de los damnificados y marcar un nuevo capítulo en una investigación que sigue concentrando la atención pública.
